U n mercado en un país

EL vértigo de la corrupción en sus variopintas modalidades ha hecho pasar desapercibido un importante acuerdo del penúltimo Consejo de Ministros: la aprobación del anteproyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado.

La futura norma trata de hacer frente a una situación disparatada que se ha generado en torno a la actividad económica a consecuencia de la diarrea normativa de las comunidades autónomas, ávidas de regularlo todo y celosísimas de sus competencias aun a costa, como es el caso, del crecimiento económico y la creación de riqueza. Mi compañero Rogelio Velasco, que sabe mucho más que yo del asunto, lo resumió así: "Lo que no tiene sentido es que habiéndonos incorporado al mercado único en Europa, lo troceemos internamente por la transferencia de competencias a las comunidades".

Con casos concretos se entenderá mejor. Una empresa que fabrique máquinas tragaperras ha de hacer diecisiete modelos distintos de tragaperras para venderlas en toda España porque la legislación a cumplir varía en cada una de las diecisiete comunidades que integran el país. Una compañía embotelladora que elabore sus productos en una región tiene que cambiar el etiquetado en cuanto pretenda servir a los consumidores de otras regiones. Incluso un fontanero o un electricista se debe inscribir en el registro técnico de cada comunidad en la que quiera trabajar. Cuando se apruebe la nueva ley, las tragaperras, las bebidas refrescantes y los fontaneros circularán sin trabas por todo el territorio nacional. Les bastará con satisfacer los requisitos legales de una autonomía para ejercer su actividad porque los requisitos serán los mismos. Una licencia única, vamos, en vez de las diecisiete que actualmente frenan su desarrollo.

Como era de esperar, la constitución de un Consejo de Unidad de Mercado como órgano de interlocución entre el Gobierno y las autonomías para solventar las discrepancias y homogeneizar las normas no ha satisfecho a algunas comunidades cuya avidez legislativa corre pareja a su ansia de reafirmación, y de poder. Creo que son docenas de miles las leyes estatales y autonómicas. Se deben conservar y mejorar las que hagan falta, pero hay que acabar con las que obstaculizan el progreso. Si se mirara por esto y por la protección de los consumidores no habría problemas para unificar el mercado. Pero los habrá.