La aldaba
Carlos Navarro Antolín
El teleférico, el talismán perdido
Postdata
LA aprobación en 2006 de la Ley de Dependencia, en la medida en que creaba un verdadero derecho subjetivo del dependiente a que sus circunstancias, mediante la aplicación de una serie de medidas económicas y de todo tipo, fueran contempladas y atendidas de la mejor forma posible, supuso una oportunidad cierta para cuantos, desde siempre, sólo habían podido confiar en el cariño y en el sacrifico inmenso de sus familias y en el esfuerzo de instituciones privadas que, con obstáculos y penurias increíbles, intentaban ofrecerles una vida digna.
El desarrollo de la Ley se hizo en Andalucía mediante Orden de 3 de agosto de 2007, surgiendo desde entonces graves disfunciones que, más allá de las lógicas dudas iniciales, revelan toda una filosofía absolutamente inaceptable.
Veamos dos ejemplos: a Mari Carmen Martínez, una madre granadina, la Administración la ha puesto en la tesitura de renunciar a la prestación económica por cuidados en el entorno familiar, al considerar ésta incompatible -antes no lo era- con la asistencia de su hijo, por las mañanas, al correspondiente centro ocupacional; Juan José García, padre malagueño de un paralítico cerebral, ha visto cómo, a cambio de una paga de 300 euros al mes, tiene que perder la ayuda para tercera persona que venía percibiendo (150 euros mensuales) y abandonar la atención que su hijo recibía en una unidad de estancia diurna.
Como éstos, los que quieran. Tantos que el Consejo Andaluz de Trabajadores Sociales se ha sentido obligado a denunciar las incompatibilidades que, no estando en la citada Orden de 2007 y por medio de instrucciones internas, se están introduciendo en Andalucía, en el caso de discapacitados intelectuales y menores de 16 años. "No se puede caer en la tentación -afirma su presidenta, Ana María Rey- de otorgar sólo el recurso de la paguita porque corremos el riesgo de dejar a las mujeres en casa, más dependientes". En el mismo sentido, señala María Victoria Romero, concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Málaga, que tiene "la instrucción de priorizar la ayuda a domicilio y las pagas al cuidador familiar, para que el dependiente permanezca en su entorno".
De ahí la filosofía perversa de la que les hablaba: ha costado siglos que las familias sacaran a la calle a sus hijos con problemas, que superaran una vergüenza tan absurda como antigua. No podemos permitir que por la burocracia, el cálculo económico o político y la incompetencia de la Junta de Andalucía, y con la maldita golosina del dinero, estos hombres y mujeres libres vuelvan al calabozo denigrante de sus alcobas. Sería un error y una estafa. Sería, sobre todo, la frustración infame de una esperanza para quienes, por desgracia, no tienen casi ninguna.
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