¡Oh, Fabio!

Luis Sánchez-Moliní

lmolini@grupojoly.com

Fuera del patrimonio

Los intentos de sacar a los sevillanos de los edificios y lugares históricos no son nuevos ni inocentes

Un grupo de empresarios -quizás algo pasados de oloroso- planteó hace tiempo la posibilidad desalojar al Ejército de Capitanía General para convertir el edificio de Aníbal González en una especie de salón de eventos para congresistas de alto standing. Ya saben: canapés rancios, el Macarena de Los del Río, vinos castellanos y mucha tensión sexual. Las carcajadas de los uniformados tras la propuesta aún se escuchan en los cuartos de banderas. Inasequibles al desaliento, este lobby feroz propuso el mismo proyecto para la Fábrica de Tabacos, sede del gobierno y de algunas facultades de la Universidad de Sevilla. Al parecer, era absurdo que unos niñatos con carpetas estudiasen en un edificio de tan alto valor patrimonial, mientras que a los cardiólogos de Oklahoma, que llegaban a la ciudad con la billetera repleta de dólares para gastar en Loewe, se les desterraba a Fibes. Como era de prever, el magnífico rector de la Hispalense, con la educación que caracteriza al gremio, mandó a la porra a la comitiva, pero no sin antes señalar el origen romano de la popular expresión. Sin embargo, esta idea de expulsar a los sevillanos del patrimonio histórico, sí estuvo a punto de triunfar en el Alcázar, donde se llegó a proyectar un gran centro de visitantes donde hoy se encuentra la guardería pública María Inmaculada (Párvulos, go home y Bienvenido, Mr. Marshall). La crisis enterró (¿para siempre?) este proyecto propio del rey Herodes I el Grande.

Ponemos estos tres ejemplos para subrayar dos ideas. La primera es que los intentos de deportación de los ciudadanos de los lugares más señeros de la ciudad no es algo nuevo y lleva amagándose, por lo menos, desde hace diez años. La segunda, que no sólo afecta a los residentes del centro y al comercio tradicional, sino también a instituciones históricas de gran peso y a sus plantillas. La culpa, evidentemente, no es de los visitantes, personas totalmente ajenas a estos movimientos tectónicos, sino de grupos con poderosos intereses que, organizados o no, han decidido que todos los recursos patrimoniales de la ciudad deben ser puestos al servicio de la industria turística. Al resto (mocosos, catedráticos, funcionarios o sargentos) ya se les reubicará en caracolas o en edificios de nueva planta entre jaramagos y autovías. Haremos una pregunta maliciosa: ¿cree usted que la propuesta de ubicar la Ciudad de la Justicia en Palmas Altas, justo en el momento en que se construye allí el centro comercial Lagoh (bonito nombre) y se anuncia un espectacular desarrollo inmobiliario, tiene algo que ver con todo esto? Hoy se quieren llevar a los abogados, pero mañana puede ser cualquiera.

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