EL expediente a Minas las Cruces por "falta muy grave" desentierra todos los fantasmas de Boliden, la multinacional que se llevó de Sevilla el cobre y no ha puesto un euro para pagar los enormes costes del vertido tóxico. Y pone en cuestión la unidad de criterio entre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, institución que incoa dicho expediente, y la Consejería de Medio Ambiente, que concedió a la multinacional canadiense Inmet la aprobación para su actividad minera previo estudio de impacto ambiental. Cuando la mayor mina de cobre a cielo abierto en Europa está tan cerca del acuífero más importante del área metropolitana de Sevilla, hay que extremar el celo y exigir todos los estudios e inversiones necesarios. Porque no hay margen de error.

En la provincia de Sevilla no podemos presumir de ejemplaridad en el control y depuración de las aguas. Los vertidos industriales a los ríos son una pertinaz amenaza. Sólo el 36 por ciento de los municipios depuran sus aguas residuales. La tecnología con la que Inmet va a extraer y procesar el cobre en la corta minera de Las Cruces (entre Gerena, Guillena y Salteras) es mucho más avanzada y mucho menos expuesta que la de Boliden a la hora de generar residuos contaminantes. Pero al estar la veta de mineral por debajo de la cota del acuífero, queda en manos de Inmet la gestión permanente, minuto a minuto, de un bien de todos tan extremadamente preciado.

En este asunto se tiene que implicar a fondo la nueva consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, máxime cuando Ecologistas en Acción lleva años lanzando contra su actual departamento graves acusaciones de supuesto trato de favor a Inmet. La consejera debe despejar cualquier tipo de dudas y exigir a la compañía minera un escrupuloso respeto a la normativa ambiental. Si se ha aprendido la lección del desastre del Guadiamar, en Aznalcóllar, el Gobierno andaluz tiene que ser el ecologista número 1 en exigencias y controles.