Los sindicatos y sus liberados

LA presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha tenido la habilidad de plantear un debate que nunca ha sido abordado públicamente: la legitimidad y actuación de los liberados sindicales. Aguirre juega a favor de una amplia corriente de opinión que juzga abusiva la presencia de trabajadores que son eximidos de su actividad laboral para dedicarse, conservando sus retribuciones, a la representación sindical de sus compañeros. El asunto está lleno de equívocos y ambigüedades. En primer lugar, hay que distinguir entre los delegados de personal elegidos en los centros de trabajo privados y públicos, cuya legitimidad está fuera de toda duda y avalada por la Constitución, y los liberados de los sindicatos, que, aunque igualmente financiados por las empresas, realizan tareas orgánicas en las centrales sindicales gracias a que sus organizaciones concentran en ellos las horas sindicales que corresponden a sus afiliados. En segundo lugar, es difícil comprender la envergadura del conflicto por la opacidad que el Gobierno mantiene acerca del número de liberados, lo que da lugar a exageraciones y análisis erróneos. Tampoco sabemos si se está cumpliendo lo previsto por la ley en esta materia o si, como se dice entre los enemigos del sindicalismo, los convenios colectivos han supuesto concesiones en el sentido de ampliar la dotación de liberados hasta más allá de lo razonable. Partimos de la base de que los asalariados tienen derecho a elegir libremente a sus representantes, y éstos, a disponer de tiempo y medios para ejercer sus funciones. Contra la impresión, ahora mismo dominante, de que los sindicatos han abusado de estos derechos y han generado una casta de funcionarios pagados obligatoriamente por sus empresas de origen, las centrales sindicales no tienen otro remedio que participar en el debate ya abierto, armarse de argumentos y demostrar inequívocamente que la presencia de liberados en sus filas es necesaria y ajustada a derecho y a lógica. El creciente desprestigio del sindicalismo, no siempre justificado, debe ser combatido, y no hay mejor forma de hacerlo que con transparencia, buena disposición y diálogo.