Tribuna Económica

Joaquín Aurioles

J uego de tronos

EL vértigo de las negociaciones para la formación de mayorías tras el 24-M se desarrolla como una espectacular competición de estrategias que, a pesar del esfuerzo didáctico de los especialistas, desborda la capacidad de comprensión del ciudadano medio. Simplificando la situación hasta el extremo de considerarlas negociaciones aisladas, es decir, que no se repiten y que son independientes de otras negociaciones simultáneas y que las posiciones individuales se deciden comparando los costes y beneficios de cada alternativa, entonces la conclusión sería que siempre gobernaría el partido menos votado con el apoyo del segundo. Supongamos que A es el partido vencedor, pero sin mayoría absoluta, seguido de B y C. Obviamente A es el partido que puede esgrimir la mayor cantidad de derechos (concejales o diputados) para gobernar, aunque no podrá hacerlo sin el apoyo de B o C, pero esto mismo le ocurre a cada uno de los otros dos. La situación, por tanto, es que todos tienen la misma capacidad de veto o de apoyo, independientemente de la cantidad de derechos de cada uno. Hay, sin embargo, un matiz importante. El que tiene menos derechos, en este caso el C, es el que pierde menos en caso de no gobernar, es decir, el que tiene que soportar un coste inferior. Lo contrario ocurre con A, lo que permite afirmar que la solución más costosa, desde un punto de vista social, es que A no gobierne, pero otra cosa es la perspectiva de los beneficios particulares.

Pensemos en las opciones de B. Puede apoyar a A o a C, o también postularse a sí mismo para gobernar. Puesto que A está muy cercano a la mayoría absoluta, la valoración del apoyo de B será inferior a la de C, lo que significa que B puede obtener una compensación mayor apoyando a C. Por la misma razón, A también obtendría mayor compensación apoyando a C antes que a B. La improbabilidad de que A y B intercambien apoyos, debido a que las compensaciones por los apoyos a C siempre serán mayores, lleva a descartar la opción de postularse a sí mismos para gobernar, quedando la del gobierno de C con el apoyo de B como la que produce un mayor volumen de beneficio particular entre los negociadores.

Si abandonamos la especulación intelectual y nos acercamos a la realidad post-24M, nos encontramos con barreras ideológicas que, en teoría, deberían impedir el pacto entre el bloque de izquierdas (PSOE, IU y Podemos) y la derecha (PP), con Ciudadanos en una posición intermedia, mucho más permeable a otro tipo de condicionamiento de carácter estratégico. Por ejemplo, el compromiso con el cambio y la transparencia, reivindicación política compartida con Podemos y que podría alejarle del bloque de izquierdas. Otras barreras levantadas durante la campaña en forma de insultos y descalificaciones, aparentemente insalvables, se presentan ahora bastante más fáciles de superar. Todo sea por la búsqueda de una estabilidad política que favorecería el pacto individual, pero que pueden provocar la frustración del votante y costes de reputación de cara a las generales. IU lo ha experimentado en sus propias carnes en Andalucía, tras recurrir a la estabilidad para justificar su apoyo a PSOE en la legislatura más caótica de la historia de la autonomía. Un panorama desconcertante que otros países resuelven fácilmente: el votante conoce durante la campaña las líneas maestras de la estrategia de pactos de cada partido.

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