Ramón Fernández

La ley Celaá fomenta la desigualdad

Ya nos estamos acostumbrando a que la llegada de un nuevo Gobierno traiga consigo una nueva ley educativa y este momento no iba a ser menos. Cualquier ciudadano demanda que se elabore una nueva ley fomentada en el diálogo y el consenso entre los diferentes agentes sociales, pero en este momento han conseguido justo lo contrario y tanto la enseñanza concertada como la Educación Especial desconfían de las bondades de esta nueva ley educativa por múltiples razones.

En la ley Celaá se pretende que el derecho a la educación quede garantizado con las plazas de la enseñanza pública y únicamente donde no haya estas plazas, de forma residual, quede garantizado el derecho a la educación con la enseñanza concertada. Para ello desaparece el concepto de “demanda social” en favor de la enseñanza pública. Es cierto que en los últimos años el número de conciertos se ha mantenido estable y sin variaciones significativas, pero una vez que la nueva ley se apruebe, que se prevé que será en el mes de febrero, cada autonomía podrá aplicarla manteniendo el equilibrio entre la enseñanza pública y la concertada o en contra de la enseñanza concertada. Este hecho fomentará la desigualdad entre las autonomías.

En cuanto a la Educación Especial, la nueva ley pretende impulsar un modelo integrador de estos alumnos en los centros ordinarios, pero en este aspecto muchas familias creen que la atención de sus hijos puede ser diferente y en muchos casos inferior a sus necesidades. Al menos, se les debería pedir opinión y no decidir por ellos, pues en este tema pueden influir tanto motivos pedagógicos como económicos. Han conseguido con la nueva ley unir en su contra tanto a patronales como a sindicatos y asociaciones de padres reclamando libertad, pluralidad e igualdad. 

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