El alcalde de Castilblanco de los Arroyos durante 27 años y, todavía, portavoz de Nueva Izquierda Verde Andaluza (NIVA) en el Consistorio, Manuel Ruiz Lucas, ha anunciado que su grupo defenderá que el PGOU, cuyo avance se aprobó el 26 de mayo, vaya más allá e incluya la legalización no sólo de una parte de Las Minas sino de la totalidad de la urbanización ilegal, la de mayor extensión Sevilla y una de las mayores de la comunidad autónoma. Si en el proceso de alegaciones o en el resto de trámites que hay por delante no se incluye así, ha anunciado que lo defenderán presentando un recurso contencioso-administrativo en los tribunales cuando el PGOU se apruebe definitivamente algo que, en el mejor de los casos, no ocurrirá antes de dos años.

Ruiz Lucas asegura que, tal y como está recogido en el Avance, la regularización afectaría a cinco de las nueve zonas en las que está dividida la parcelación, con lo que se crea un agravio comparativo, desde su punto de vista, entre parcelistas. Las zonas que han entrado en la propuesta son aquellas en las que más de la mitad de los propietarios firmaron convenios urbanísticos con el Consistorio, comprometiéndose a afrontar (y a pagar) la regulación y reparcelación para dotar de servicios a la zona. Otras cuatro han quedado fuera. Pero, frente a los datos que aporta el gobierno local de que ello afectará al final a las áreas con mayor densidad y al 70% de todas las construcciones existentes -670 casas-; Ruiz Lucas asegura que el porcentaje es menor y no llega al 60%, con lo que el problema seguirá existiendo si no se afronta con este proceso.

Además de la regulación de esas 670 construcciones, el Avance del PGOU contempla que en la misma zona se puedan construir otras 506 viviendas nuevas en parcelas que ahora están vacías. De esta forma, Las Minas acapararían casi el 80% de todo el crecimiento residencial que Castilblanco puede asumir con el PGOU. Nueva Izquierda, pese a estar a favor de que la zona se regularice, se abstuvo en el Pleno el que se aprobó el Avance, ya que asegura que se le entregó la documentación con 1.200 páginas, sólo 24 horas antes del Pleno, con lo que no tuvo tiempo para estudiarla a fondo.

Ruiz-Lucas recuerda además la "contradicción" de que se inicie ahora este proceso, cuando ha habido sentencias que ya se han ejecutado que han condenado a la demolición de viviendas. Según sus datos, se han derribado ya más de 20 inmuebles, que estaban en las mismas circunstancias que otros que puede que se salven, gracias a la nueva disposición de la Junta a reconocer las construcciones de este tipo que están consolidadas. Hay además más casos y denuncias que siguen su tramitación en el juzgado.

La persecución del Seprona y de la Fiscalía, recordó, se generalizó tras la denuncia que interpuso el PSOE contra Ruiz Lucas por la gestión que hizo de Las Minas cuando era alcalde y que se ha plasmado ya en una condena a cuatro años de inhabilitación por haber permitido durante años que se levantaran construcciones de toda índole en la zona, en un fallo en el que se considera que los carteles que puso y los expedientes que abrió no fueron "efectivos" y se tomaron sólo para "crear una aparente legalidad".

El fallo está recurrido ante la Audiencia de Sevilla y Ruiz Lucas ha defendido que la Administración local no tiene medios ni forma de parar por sí mismo un fenómeno como el de las parcelaciones ilegales, que se dan en toda Andalucía.

En la urbanización de Las Minas, varias veces mayor que el núcleo histórico de Castilblanco, se levantan casi un millar de viviendas y hay 1.200 parcelas. En el fallo que condenó a Ruiz Lucas se destaca el grave problema ambiental que ha supuesto la construcción indiscriminada, por la proliferación de pozos ciegos, la sobreexplotación de acuíferos y la degradación o desaparición de la masa arbórea.