El grupo del PP en la Diputación de Sevilla echó mano este miércoles de la situación laboral del personal que trabaja para el organismo, directamente o a través de sus sociedades y organismos autónomos, para justificar la necesidad de una mayor fiscalización de ese aspecto por parte de la oposición. En concreto y con una plantilla que suma 1.748 personas, poco más del 6%, en concreto 105, son funcionarios. El resto es personal laboral o eventual.

"Es una perversión total del sentido de la Administración pública -subrayó el portavoz del PP en la Corporación, Eloy Carmona- en la que el personal laboral o eventual tiene que ser la excepción", dijo, y recordó que no se celebran oposiciones desde 1993 y desde 1998 no hay pruebas para personal laboral. Aunque antes de las limitaciones que el Gobierno central del PP ha impuesto en este sentido la Diputación había intentado sacar Ofertas Públicas de Empleo, éstas se han topado con reparos en los tribunales y denuncias contra las bases por parte de sindicatos o trabajadores.

En este contexto, el PP informó de que una sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 13 de Sevilla, emitida el 19 de diciembre, le ha dado la razón al reconocer que el gobierno socialista está obligado a entregarle, entre otra documentación que había solicitado, toda la relación nominativa -es decir, con nombres y apellidos, que hasta 2009 se incluía en el presupuesto- del personal que trabaja en la Corporación y en sus sociedades, incluidas las personas que ocupan puestos de alta dirección, y la valoración de los puestos de trabajo. El fallo es contundente al considerar que la mayoría de los datos que pide el PP son necesarios para garantizar la participación efectiva de los ciudadanos, en este caso, a través de sus representantes políticos, sin que se pueda considerar a éstos "terceros" de cara a la Ley de Protección de Datos.

En las resoluciones con las que el gobierno de la Diputación rechazó en 2011 las solicitudes de información del PP, esgrimía que eran peticiones genéricas, que requerirían que el personal gastara mucho tiempo en recopilar datos en detrimento de otros cometidos, o que, en algunos casos, se trata de información que ya se facilitó en los presupuestos de 2011. Pero el fallo incide en que gran parte de esos datos están en soporte informático, que el haberlos aportado alguna vez no "impide que puedan solicitarse, nuevamente, como modo de control y gestión en materia presupuestaria y de personal". El juez sólo desestima la relación de sentencias condenatorias en materia de Recursos Humanos y la resolución que justifique su ejecución, que también había pedido el PP, y el informe de la vida laboral porque es competencia de la Tesorería de la Seguridad Social. La Diputación ha solicitado una "aclaración" sobre la sentencia, que ha sido desestimada, aunque no va recurrir el fallo.

El portavoz del gobierno, Manuel Domínguez, anunció que acatan la sentencia y que darán la relación nominativa y la valoración de puestos al trabajo que pide el PP, aunque precisando que será la "que fue aprobada en su día por el Pleno" y que se adjunta en los anexos a la documentación que se lleva al Pleno, con lo que se entiende que no será una información actualizada.

"Cuando el gobierno se niega a dar información es porque algo oculta", especuló Eloy Carmona, quien consideró que el fallo evidencia la "doble moral del PSOE de Sevilla de Susana Díaz (secretaria general) y de Fernando Rodríguez Villalobos (presidente de la Diputación y el partido), que pide transparencia a los demás, pero niega la información a la oposición", dijo. "La Diputación de Sevilla está entre las más oscuras y opacas". De las 1.750 personas en plantilla, 425 están en sociedades y organismos autónomos: siete en la Casa de la Provincia, 189 en el Opaef, 75 en Inpro, 30 en Sevilla Activa y 123 en Prodetur, según los datos del PP. De esos contratos 15 son puestos de "alta dirección". Directamente en la Corporación, hay 1.323 personas: sólo 101 son funcionarios (hay otros cinco en el Organismo Provincial de Asesoramiento Económico y Fiscal, Opaef), 122 son eventuales y 1.100, laborales.