El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla ha condenado al ex alcalde socialista de Los Palacios, Antonio Maestre, a cinco años de inhabilitación para administrar bienes ajenos, tras responsabilizarle junto a otros miembros de su gobierno del concurso de acreedores "culpable" de la sociedad municipal Iniciativas de Desarrollo de Los Palacios (Idelpa), en liquidación. Maestre es ahora asesor del PSOE en la Diputación y tiene más causas pendientes por su gestión.

En el fallo se inhabilita también por cinco años a la ex teniente de alcalde y delegada de Urbanismo Rosario Gavira y al que fuera consejero delegado de Idelpa, Miguel Troncoso. Los tres, tendrán que hacer frente solidariamente a parte de las deudas que dejaron en Idelpa. En concreto, a los 80.000 euros de costes salariales del personal que se contrató sin justificación entre mayo y junio de 2011, cuando se cuadruplicó una plantilla que era de unas 15 personas, en plena campaña para las elecciones municipales.

El antiguo regidor es en la actualidad asesor del Grupo Socialista en la Diputación de Sevilla

Por el fallo han sido inhabilitados por dos años, aunque no tendrán que hacer frente a esos pagos, otros dos ediles socialistas miembros del consejo de administración: Enrique González y José Díaz Ulloa.

Las penas son algo inferiores a las que pedía el administrador concursal y la Fiscalía (de 15 años para Maestre y diez para Gavira y Troncoso), pero vienen a confirmar las irregularidades contables en Idelpa, que presentó concurso voluntario de acreedores en febrero de 2012, ya con otro gobierno en el Ayuntamiento de Los Palacios. En el fallo se ha acreditado que la "situación de insolvencia" se remonta "al menos" a 2010, cuando no se presentaron cuentas, se dejaron de pagar nóminas, a Hacienda y créditos y se solicitaron aplazamientos de pago.

Según se recoge en la sentencia, del 9 de mayo, hay además operaciones que no se reflejaron del modo correcto en la contabilidad, para que no consten como pérdidas: facturas por más de 70.000 euros; compromisos no facturados por más de 1,3 millones y acreedores no contabilizados tampoco por más de 1,2 millones de euros.

El fallo subraya especialmente la contratación de trabajadores, ya cuando la empresa era insolvente. Así, se condena "por la conducta de los administradores de la sociedad que, con culpa grave (no había justificación económica alguna para ello) permitieron entre mayo y junio de 2011 que se agravara la situación de insolvencia en aproximadamente 80.000 euros, el equivalente al incremento del gasto laboral por el aumento injustificado de la plantilla".

El concurso culpable se basa además en que dejasen de cobrar hasta 300.000 euros por el alquiler de VPO y que en el juicio, en enero, Troncoso justificó con el fin social de evitar desahucios. Pero el juez recuerda que la sociedad tenía ánimo de lucro y que ese fin social debía haberse canalizado de otra forma, ya que ha terminado repercutiendo en los acreedores, lo que resulta "inaceptable".

Este fallo del Juzgado de lo Mercantil se une a otra reciente condena a Troncoso y Gavira a penas de 21 y 12 meses de cárcel, respectivamente, por un delito de malversación de caudales públicos y falsedad en documento público por el llamado caso Rodina, por el reconocimiento de una deuda en Idelpa sin que mediara proyecto o contratación, como prevé la administración pública, por un proyecto de construcción de 70 VPO.