El caso que llegó tres veces al Supremo

El Tribunal Supremo ha ordenado por tercera vez a la Audiencia de Sevilla que declare falso un documento con el que se cometió presuntamente una estafa en la venta de unos terrenos de Las Cabezas de San Juan. La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha emitido ya tres sentencias en las que no considera probada la falsificación pese al dictamen de cuatro peritos que así lo acreditan y ha absuelto de los delitos de estafa, hurto y falsedad documental a los acusados, que son un matrimonio y sus tres hijos.

Estos tres fallos han sido corregidos otras tantas veces por el Supremo, en lo que constituye un hecho insólito en la historia de la Justicia en España, donde fuentes jurídicas consultadas por este periódico sólo han encontrado un caso anterior, ocurrido en los años ochenta del pasado siglo, que llegara tres veces al Alto Tribunal.

El caso en cuestión se inició en noviembre de 2002 a raíz de la venta de unas parcelas agrícolas de 82 hectáreas en Las Cabezas de San Juan. Previamente a la escritura, que se formalizó ya en 2003, comprador y vendedor, que falleció años después, firmaron un contrato privado por una cantidad superior a la que se firmó ante notario. Ese contrato, según la familia del vendedor, que ejerce la acusación particular en el caso, fue robado y cambiado por otro similar presuntamente por el comprador aprovechando un descuido del primero.

El segundo documento era igual que el anterior pero se le habían falsificado las firmas. De esta forma el comprador podría alegar luego que ese documento era falso y sólo pagar por los terrenos la cantidad acordada ante notario. En la escritura pública el terreno se vendió por 1,2 millones de euros cuando en el contrato privado se había acordado la operación en 2,7 millones. Sin embargo, quien efectuó el cambiazo se dejó un anexo que contenía el contrato y que era un plano de las parcelas, que el vendedor guardaba en un lugar distinto de su casa y sí contiene las firmas originales.

El documento del que dispone la acusación es una fotocopia del contrato en el que varios peritos tanto particulares -entre los que se encuentra la experta que trabajó en el caso GAL- como de la Guardia Civil coinciden en que la mayoría de las firmas las hizo un hijo del comprador, que además figura como avalista y se habría autofalsificado su firma. La única rúbrica que no aclaran quién la falsificó fue la del vendedor. Los grafólogos también coinciden en que la fotocopia -no se dispone del original- de ese contrato quedan restos de firmas anteriores borradas, que pudieron ser eliminadas mediante un proceso de fotocomposición.

Así lo recoge la Sala de lo Penal del Supremo en sus distintos fallos, en los que ordena a la Audiencia que tenga por probados los siguientes hechos: "Existió un documento contractual original fechado el 28 de noviembre de 2012 (…) que fue manipulado por algún sistema de fotocopiado, suprimiendo del mismo la firma de los intervinientes y de que el así resultante estuvo en poder de F. G. G., que estampó en él su firma y simuló la de los avalistas F. G. A., D. G. G., E. G. G. y A. G. G., mientras que alguien cuya identidad se desconoce simuló la firma del vendedor. Todo para luego objetar la falsedad de las firmas como modo de impedir el ejercicio de la acción civil por parte de este último".

En cambio, hasta en tres sentencias distintas, la Audiencia no considera probada la existencia de este papel que el Supremo recalca que existió y fue manipulado por los acusados. Para ello argumenta unas contradicciones entre los informes periciales que el Alto Tribunal niega que existan. El Supremo ha ordenado que se emita una nueva sentencia basada en que por fin se considere el documento como falso, mientras que la acusación particular destaca la "indefensión" que sufren los herederos del vendedor por la "actitud descaradamente indisciplinada de los magistrados que han fallado tres sentencias en este litigio sin resolver conforme a derecho y dilatando además indebidamente este procedimiento en el tiempo".

Los hijos del vendedor, Ángela y Francisco Campos, lamentan que hayan pasado ya once años desde la venta de los terrenos. El caso cumple ya nueve desde que comenzó la instrucción en un juzgado de Lebrija y seis desde que la Audiencia de Sevilla emitió la primera sentencia que absolvía a los acusados. En estos años falleció su padre, Juan Campos, cuya salud se vio resentida por la venta de sus tierras por un dinero muy inferior al que valían. "Mi padre murió pidiéndome que no abandonara esto, que peleara hasta el final, y eso es lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer", explicó Ángela Campos, que espera en los próximos días que la Audiencia de Sevilla vuelva a pronunciarse sobre el caso.

"Espero no tener que ir al Supremo por cuarta vez, porque cada vez que vamos nos acarrea un gasto de entre 12.000 y 15.000 euros. Más todo lo que nos hemos tenido que gastar en peritos para demostrar que las firmas eran falsas y quién las hizo. Hemos tenido que hipotecar nuestra casa para afrontar esta batalla judicial, cuando nosotros nunca hemos tenido hipoteca alguna", explica Ángela Campos. La familia víctima de esta presunta estafa también tiene previsto notificar lo ocurrido al Consejo General del Poder Judicial para que se tomen las medidas oportunas contra los jueces de la Sección Primera por no acatar las directrices marcadas por el Supremo.