Provincia

Alcaldes del PSOE se plantan contra el cierre de 9 oficinas para liquidar impuestos de la Junta

  • Vecinos y empresas de toda la provincia se tendrán que desplazar a Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra o Morón si no quieren hacer el trámite por internet 

  • El PSOE denuncia que el nuevo recorte afecta a municipios con riesgo de despoblación y problemas de conexión a la red

  • Presentará una proposición no de ley en el Parlamento y mociones en los ayuntamientos para que la Junta rectifique 

Alcaldes, concejales y parlamentarios socialistas junto a la secretaria provincial y el mapa de las oficinas. Alcaldes, concejales y parlamentarios socialistas junto a la secretaria provincial y el mapa de las oficinas.

Alcaldes, concejales y parlamentarios socialistas junto a la secretaria provincial y el mapa de las oficinas. / José Ángel García

Alcaldes y ediles socialistas, junto a parlamentarios andaluces y la secretaria provincial del partido, Verónica Pérez, han denunciado este martes el grave perjuicio que para la población y actividad económica de muchos municipios tendrá el cierre de las oficinas liquidadoras de impuestos autonómicos (como actos jurídicos documentados, transmisiones, donaciones o sucesiones), en vigor desde el 4 de enero, tras la publicación del nuevo convenio de la Junta con los registradores de la propiedad, que venían encargándose de estos trámites desde hace 20 años.  

De las 67 oficinas de toda Andalucía que han pasado a ser sólo informativas -y con un número limitado de citas al día, que hay que solicitar previamente-, nueve son de Sevilla: las de Cazalla de la Sierra, Lora del Río, Carmona, Écija, Estepa, Osuna, Marchena, Utrera y Sanlúcar la Mayor.

Ello obliga a que vecinos y empresas, no sólo de esos pueblos sino de las comarcas en las que se ubican, que no quieran o no puedan hacer el trámite por internet, tengan que desplazarse no ya a la capital, sino a las nuevas oficinas de referencia, que han quedado limitadas a Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra y Morón de la Frontera. La población afectada por el "recorte" supera el medio millón. 

Como ejemplo de lo que el alcalde de Cazalla, Sotero Martín, ha calificado como un "nuevo ataque al mundo rural", un vecino de Guadalcanal tendrá que desplazarse a Alcalá de Guadaíra, a más de 120 kilómetros y sin comunicaciones directas por transporte público. Uno de Lora, tendrá que hacerlo en Morón, a más de una hora de camino. 

El parlamentario Antonio Ramírez de Arellano, portavoz en la Comisión de Hacienda, ha subrayado además que es una falacia que la reorganización se haya hecho porque hay que pagar menos impuestos, como ha argumentado el Gobierno autonómico. Aunque se hayan reducido tipos o aumentado las bonificaciones (como ha ocurrido con sucesiones), la liquidación, el papeleo, hay que hacerlos igualmente, porque el impuesto no se ha eliminado. 

También se ha denunciado la precipitación, porque la Junta quiere que el trámite se haga por internet, pero el cambio se ha producido de un día para otro,  sin avanzar en la digitalización o desarrollar una aplicación específica, cuando afecta a territorios con una brecha digital importante. 

Aunque la Junta haya bajado los impuestos, los trámites para liquidaciones y bonificaciones hay que hacerlos igualmente

"Estamos hartos de que se hable tanto de despoblación y no haya llegado ninguna medida", al contrario, que se sigan eliminando servicios de cercanía, esenciales para el día a día de sus vecinos y de las empresas que se mantienen en ellos, se ha lamentado el regidor de Cazalla que recuerda que, en diciembre, la comarca de Sierra Morena estuvo varios días sin internet. "¿Qué pasa con los plazos?, ¿qué pasa con la población más envejecida?", se ha preguntado. 

La alcaldesa de Marchena, María del Mar Romero, ha subrayado que incluso en lo que afecta a la información el recorte es importante: en su pueblo, el Registro sólo puede dar 12 citas al día. 

Los representantes socialistas también han advertido de que tendrá consecuencias en el empleo de esos Registros de Propiedad, donde hay de media cuatro o cinco trabajadores. El convenio con la Junta, que caducaba a finales de 2019 y que se ha renovado de esta manera, contemplaba 18 millones al año para estos servicios que se han reducido a la mitad. 

En estas circustancias, el PSOE llevará al Parlamento una proposición no de ley para que el Gobierno de la Junta rectifique y presentará mociones, en el mismo sentido, en todos los ayuntamientos de Sevilla y en la Diputación contra una medida que "dificulta la vida en los municipios pequeños", ha apostillado Verónica Pérez. 

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