Los trabajadores de Vinnell-Brown & Root Spain (VBR), la empresa gestora del mantenimiento de la base aérea de Morón de la Frontera, han celebrado este viernes una concentración a las puertas de las instalaciones militares como consecuencia del paulatino desmantelamiento de la plantilla española de la base.

Javier Domínguez, portavoz del comité de empresa de la plantilla española de la base aérea de Morón, ha informado de que este viernes, los trabajadores han celebrado reuniones con alcaldes o concejales de los ayuntamientos de los municipios del entorno, como es el caso de Morón de la Frontera, El Coronil o Alcalá de Guadaíra. Igualmente, han debatido el asunto con la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez. Posteriormente, los trabajadores han celebrado una concentración a las puertas del recinto miiltar. El portavoz del comité de empresa ha manifestado que los trabajadores han reclamado una reunión con la "directiva" de VBR para analizar el presente y futuro de la plantilla española de la base, dado que mientras sigue pendiente la celebración del juicio correspondiente a la impugnación colectiva del ERE de 2013, saldado con 66 despidos con con indemnizaciones de 20 días de sueldo por año de servicio, Estados Unidos ha anunciado una ampliación de su contingente militar en estas instalaciones y los trabajadores consideran este extremo "como algo negativo, en principio".

Porque, según Domínguez, el ERE consumado en septiembre de 2013 con un total de 66 despidos fue planteado pocos meses después de que Estados Unidos ampliase su presencia militar con el despliegue de 500 marines, seis aviones polivalentes V-22 y dos aviones del conocido modelo Hércules, extremo que el comité de empresa encuadra en la "tónica" de sustituir a los trabajadores españoles por personal estadounidense. Ha recordado además que el ERE de 2013 devino después de que el portal digitalfbo.gov, una suerte de perfil del contratante de la administración estadounidense, publicase una relación de 144 empleados de estas instalaciones, con nombres y apellidos, cuyos puestos de trabajo serían susceptibles de desaparecer en el próximo contrato de explotación de la base. En ese sentido, Javier Domínguez manifiesta que los trabajadores temen "otro ERE" con efectos sobre unos 80 empleados.