Alaya investigará a la Policía por no hacer una prueba de voz

La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha dictado un auto en el que anuncia que investigará a la Policía Científica, después de que esta unidad emitiese un informe en el que aseguraba que las voces de los ex directivos de Mercasevilla imputados en el intento de cohecho no podían ser analizadas porque la calidad de las grabaciones realizadas por los empresarios era "insuficiente".

La magistrada mantiene en un auto que tanto el ex director general de Mercasevilla, Fernando Mellet, como el ex subdirector, Daniel Ponce, tendrán que someterse a esa prueba pericial, una vez que la Guardia Civil ha comunicado a la instructora que es posible la realización del cotejo de las voces a través de las grabaciones aportadas a la causa judicial.

El auto de la juez, que fue dictado el 26 de julio pero que no ha trascendido hasta ahora, señala que los principios de "gravedad, necesariedad y proporcionalidad" amparan la práctica de dicha prueba, a la que tanto Fernando Mellet como Daniel Ponce se negaron a someterse alegando que esa diligencia representa una vulneración de su derecho fundamental a no declarar contra sí mismos. Las defensas entienden que el objetivo de dicha pericial no es otro que "pretender incriminarlos de alguna manera, como sea, en la participación de determinado delitos" respecto a los cuales ambos imputados se declaran inocentes.

La resolución ordena la práctica de la prueba, "con independencia de que en un momento ulterior deba investigarse por qué la Policía actuó tal y como reflejan las diligencias del señor secretario que obran en la causa". La magistrada cuestiona la actuación de la Comisaría General de Policía Científica, por cuanto, según advierte, "con una premura que nadie les había pedido requirieron del juzgado telefónicamente y mediante fax la transcripción íntegra de la grabación como requisito indispensable para la práctica de la prueba pericial. A los dos días y antes de que la unidad adscrita de Policía Judicial de Sevilla recibiera la orden del juzgado de proceder a la transcripción completa de la grabación, se recibió por correo ordinario sin previo aviso el informe en el que el Departamento de Acústica concluía someramente que la calidad era insuficiente".

Dice la juez que todas estas circunstancias le generaron "razonables dudas", por lo que solicitó una "contraprueba" a la Guardia Civil. La unidad científica del Instituto Armado concluyó que la calidad de la grabación era "más que suficiente para practicar la prueba de cotejo de voces". Por último, Mercedes Alaya insiste en que los criterios de razonabilidad y proporcionalidad que establecen el artículo 363 de la ley de Enjuiciamiento Criminal -que regula la toma de muestras de ADN y otras inspecciones en el cuerpo de los imputados- avalan la "obligatoriedad" de la prueba.

En las grabaciones que obran en la causa y sobre las que se ha pedido el cotejo de las voces intervienen los ex directivos de Mercasevilla imputados en el caso y los dos empresarios del grupo La Raza a los que supuestamente se exigió el pago de una comisión ilegal de 300.000 euros por hacerse con la gestión de la escuela de Hostelería que iba a crearse en la Fundación Mercasevilla y que había recibido una subvención de la Junta de 900.000 euros.

La instructora relata que si bien Mellet y Ponce reconocieron sus voces en el curso de las diligencias policiales y en la investigación previa que realizó la Fiscalía, se negaron a declarar en el juzgado, por lo que considera que el reconocimiento de las voces es una prueba "útil" para la investigación de los hechos.