La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un estafador que se hacía pasar por agente de la DEA. Se trata de un ciudadano español de origen cubano que no sólo simulaba ser un miembro de la agencia antidrogas estadounidense, sino que también fingió ser agente de la Policía Nacional de Perú. Al menos cuatro familias cayeron en sus estafas.

El delincuente operaba tanto en Sevilla capital como en otros pueblos cercanos. En Burguillos hay dos afectados. Solía utilizar documentación falsa y dos pistolas para engañar a las víctimas. La investigación se inició gracias a la denuncia interpuesta por un familiar de uno de los perjudicados, según ha informado este jueves la Jefatura Superior de Policía en un comunicado.

La estafa no era sólo el modus operandi del sospechoso, sino su medio de vida, puesto que vivía de lo que conseguía estafar. Para ello se ganaba la confianza de las familias, hasta el punto de que llegó a mantener relaciones sentimentales con la hija de uno de los afectados. 

Siempre operaba de la misma forma. Primero buscaba objetivos y los seleccionaba entre las amistades de las personas que conocía, que también pensaban que era un agente encubierto. Así la víctima contaba ya con una referencia positiva y era más fácil para él ganarse la confianza. 

Una vez establecido este primer contacto, se presentaba como agente de la DEA, de la Policía Nacional de Perú o de la Fiscalía Internacional (un organismo inexistente inventado por él para las estafas). Mostraba una documentación que acreditaba que pertenecía a estas organizaciones, que él mismo había fabricado, y exhibía dos armas de fuego.

Así se ganaba la confianza de las víctimas y se hacía amigo de ellas y su familia. Se hizo novio de la hija de uno de los estafados, logrando así una gran cantidad de información de carácter personal. De esta forma, intentaba averiguar si la víctima había tenido algún problema con otra persona. 

Aprovechando toda esta información recabada, decía que sabía que estos rivales de sus víctimas habían contratado a sicarios o a grupos mafiosos para asustarles o hacer algo contra ellas. Aseguraba que se había enterado de esta porque tenía contactos con grupos mafiosos de rumanos, suramericanos o vecinos de las Tres Mil Viviendas.

Para conseguir más datos, llegó a hackear una cuenta de una red social de una de las víctimas. Para dar una apariencia más real a las supuestas amenazas, él mismo colocó en la puerta de los domicilios botellas con disolvente y artefactos explosivos caseros. También hizo pintadas amenazantes y llegó a explotar petardos para simular que habían disparado alguna pistola.

De esta manera incrementaba el miedo y el estrés de sus víctimas. Algunas de ellas entraron en pánico, momento que el estafador aprovechaba para presentarse como el solucionador de los problemas, ya que era un "experimentado agente policial".

Con la víctima ya entregada, les pedía que le entregaran una cantidad, que solía ser de alrededor de diez mil euros en cada caso, y que él emplearía este dinero para comprar droga, implicar a los extorsionadores en un negocio de tráfico de estupefacientes y así, bajo su condición de agente de la DEA, podría detenerlos y expulsarlos del país o extraditarlos gracias a un acuerdo con la agencia antidrogas americana. Cuando la víctima pagaba, obviamente cesaban las amenazas, que nunca habían existido.

La Policía detuvo a finales de enero al estafador, de 40 años e identificado como R. V. D., de origen cubano aunque con nacionalidad española. Fue detenido a bordo de su coche con todas sus pertenencias, cuando trataba de salir de España.

Hasta el momento, los investigadores han podido constatar que el ahora detenido llegó a estafar a cuatro familias un total de más de 32.000 euros. No se descarta que haya más denuncias de otros casos que hasta ahora no hayan sido denunciados, ya que el estafador vivía de estas prácticas. De hecho, tras su arresto ha quedado en libertad y no se descarta que vuelva a intentar cometer una estafa de este tipo.

Al detenido se le imputan los delitos de amenazas graves, estafa, falsedad documental, usurpación de funciones públicas, contra la seguridad vial, tenencia ilícita de armas y descubrimiento y revelación de secretos. Fue puesto a disposición del juez, que lo dejó en libertad con cargos y que decretó una orden de alejamiento sobre todas sus víctimas y la retirada del pasaporte ante el riesgo de fuga.

La investigación la ha realizado el Grupo de Atracos de la Policía Nacional de Sevilla.