A Joaquín Ortega y Josefa Rueda se les acaba el mundo dentro de diez días. El próximo 25 de febrero tienen que dejar, por orden judicial, la vivienda en la que residen desde hace más de 40 años. Detrás de cada desahucio hay un drama, el que sufre la persona que se ve obligada a dejar su casa. En el caso de este matrimonio de octogenarios hay un ingrediente más que agrava el sufrimiento: quien los expulsa de su casa es su propio hijo.

"Estamos muy mal, no sabemos qué hacer ni adónde ir. Ya nos ha llegado el papel del juzgado avisándonos de que nos tenemos que ir el día 25", explicó ayer a este periódico Josefa Rueda. Su marido, Joaquín Ortega, está impedido desde hace varios años y postrado en una silla de ruedas. Compraron el piso de la calle Torreblanca -junto al arco de la Macarena- del que ahora los desalojan en el año 1971. Firmaron la operación con un constructor y lo hicieron mediante un contrato de compraventa, no ante notario.

"Pero mi marido no pudo ir a firmar el contrato y fui yo con el niño, que por entonces tenía 17 años y aún era menor de edad. Por error, en el contrato aparecía el nombre de Joaquín Ortega Rueda, que es mi hijo, y no de Joaquín Ortega Portillo, que es mi marido y quien pagó el piso, que costó 400.000 pesetas. La entrada la dimos con un dinero que mi marido había ganado en Holanda como transportista", explica Josefa. "Pero todos los impuestos, todas las letras, todo ha llegado durante los últimos 40 años a nombre de mi marido", añade.

Dicen que con su hijo no hablan desde hace nueve años y lo acusan de intentar echarlos de la vivienda desde hace dos décadas. "Sabemos que compró de nuevo el piso en 1991 por cuatro millones de pesetas al mismo constructor, no sé cómo lo hizo ni qué validez puede tener ese segundo contrato para que el juez le dé la razón", dice Josefa, que sospecha que su hijo se puso de acuerdo con el constructor para estafarles porque en esta ocasión el piso ya contaba con escritura pública y fue inscrito en el Registro de la Propiedad.

La versión del hijo es distinta. Isabel Revuelta, abogada de Joaquín Ortega Rueda, explicó ayer a Efe que su cliente compró el piso en 1971 y lo cedió para uso de sus padres "en un momento dado por su proximidad a un centro médico en el que el hombre recibía asistencia diariamente". Según la versión de la letrada, el hijo se vio sorprendido cuando una de sus hermanas le contó que "había llegado a un acuerdo con sus padres para comprarles la vivienda", algo que no era posible porque era de su propiedad y el matrimonio no podía venderla.

Joaquín Ortega Rueda interpuso en 2003 una demanda para que se declarara que la vivienda era suya, tal y como confirmó el juzgado de Primera Instancia y luego la Audiencia de Sevilla. La abogada indicó también que Josefa Rueda tenía adjudicada una vivienda de promoción pública en la barriada de las Huertas, por lo que no sería compatible con el hecho de que tuviera otro inmueble en propiedad.