Sevilla

Espadas negocia con Sacyr pagar menos por las visitas al mirador

  • El gobierno busca una fórmula que permita llegar a un acuerdo con una concesionaria que recibe cada día 335 euros por el coste de la subida de los sevillanos

Visitantes recorren el mirador de las Setas Visitantes recorren el mirador de las Setas

Visitantes recorren el mirador de las Setas / Antonio Pizarro

El equipo de Juan Espadas se encuentra negociando con Sacyr para rebajar el coste de la compensación que abona todos los años por el acceso gratuito de los sevillanos al mirador y el mantenimiento de la plaza de abastos. Existen muchas fórmulas sobre la mesa, pero aún no está decidida cuál será la elegida por los técnicos de la Delegación de Hacienda. Las últimas facturas pagadas (y que recibieron ayer el visto bueno en sesión plenaria) ascienden a los 480.407 euros por la subida a la planta alta de la estructura diseñada por Jürgen Mayer y a los 227.688 euros por la imposibilidad de repercutir a los placeros la totalidad de los gastos por los servicios prestados. Ambas comprenden un periodo entre el 1 de junio de 2013 y el 30 de abril de 2017. Hay que sumar un tercer pago de 430.169 euros correspondiente al impacto causado por el retraso en la entrega del edificio del número 24 de la Plaza de la Encarnación. La idea es que la concesionaria no tenga que volver a los tribunales para reclamar una contraprestación que cuenta con una sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

De las arcas municipales salen cada día 335 euros para costear la subida de los visitantes autóctonos al mirador. También están exentos de pago los menores de cinco años y las personas con minusvalía física a partir del 75% y acompañantes. El resto debe abonar tres euros. Los socialistas se libraron por los pelos hace unos meses de pagar a la concesionaria una indemnización de 36,5 millones de euros por incumplimientos en el contrato. El recurso de apelación del Consistorio sevillano contra la sentencia de abril de 2015 prosperó y lo hizo gracias a una intensa negociación entre las partes que no se había dado hasta ahora. Según la condena firme, el desglose de la indemnización de 2.594.862 euros a Sacyr resultó de sumar los incumplimientos de contrato del Ayuntamiento hasta el 31 de mayo de 2013. Éstos son por el retraso en el pago de la certificación número 34 (597.823 euros), por el acceso gratuito de los sevillanos al mirador de las setas (525.439 euros), por menores gastos repercutidos a los comerciantes del mercado de abastos (68.306 euros) y por retrasos y alquileres no cobrados desde el inicio de la explotación del edificio (1.403.382 euros).

Queda por resolver una factura de Emasesa de 12 millones por los impagos del Consistorio

La entrada de los sevillanos a este recinto desde su apertura es gratuita, como acordó el consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo del 29 de abril de 2011 para "recompensar" de algún modo a los vecinos de la capital andaluza por las "dificultades y molestias" que la construcción del Metropol había generado. No obstante, según constaba en una resolución de la Alcaldía del 13 de mayo, Alfredo Sánchez Monteseirín especificó que "esta decisión estará vinculada al mantenimiento del equilibrio económico financiero del contrato". Es decir, la gratuidad del mirador de la setas para los sevillanos está condicionada al plan de equilibrio financiero del complejo. Se trata, por tanto, de un privilegio que no está garantizado de forma permanente, pese a que en su momento Monteseirín lo anunciara sin mencionar esta condición.

Prueba de lo anterior es la segunda disposición que hizo el ex alcalde socialista, en la que se requiere a Sacyr "para que presente estudio económico-financiero del impacto anual de esta medida en el contrato, tomando como base de partida los datos contenidos en el Plan Económico Financiero de la Explotación". De este apartado se extrae una conclusión: que en ningún momento se establece un compromiso por parte de la Corporación local de acarrear con los gastos de la subida de los sevillanos al mirador, ya que en todo momento lo que se le pide a la concesionaria es un informe del coste de este servicio sin más compromiso.

El dinero para abonar estas nuevas facturas de la setas proviene de una modificación presupuestaria, que tuvo que proponer el gobierno socialista, ya que el fondo de contingencia para costear las sentencias desfavorables sólo contaban con 1,5 millones de euros para este año. El principal motivo es que la mayor parte del dinero destinado para este asunto (unos 5,5 millones) se utilizó para sacar adelante las enmiendas presentadas por Participa Sevilla para las cuentas de la ciudad para este año. Esos 1,5 millones fueron gastados después del verano para ejecutar parcialmente una sentencia del juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de Sevilla que estimó la demanda interpuesta por la entidad Resipark por los costes y daños de las obras del aparcamiento de Rafael Salgado. Del Pleno municipal celebrado ayer también salieron 890.651 euros para el pago de los intereses de demora a esta misma empresa por otra sentencia que obliga a pagarle tras no poder construir los aparcamientos subterráneos del Lote II (Zodíaco, Rafael Laffón, Memphis, Plaza Argantonio, Pedro Vallina y el Valle) y del Lote III (Plaza Mayor, Plaza Árbol del Rey, Cueva de la Pileta, Andalucía Residencial, Plaza de la Romería, Eva Cervantes y Plaza Rafael Salgado).

El primer edil tiene a la vuelta de la esquina otras dos facturas de peso. El gobierno tiene entre sus cálculos que en 2018 deberá resolver un pago de 12 millones de euros a Emasesa, ya que el Ayuntamiento ha estado 12 años sin pagar el agua que se consumía en sus edificios. El interventor municipal ordenó auditar esa deuda, que se encontraba sin contabilizar en el presupuesto y que se remonta a 2003. Otra de las herencias judiciales que aparecerán en la agenda es con la compañía sevillana de ingeniería y construcciones Detea. La empresa espera la resolución del juicio derivado de su demanda por los edificios de la Cartuja conocidos como los charlies, cuya cesión formaba parte del pago por la construcción de la jefatura de Ranilla. En este caso, Detea reclama más de 20 millones por los dos años y medio de retraso en la cesión de los mismos y el ruinoso estado en el que se encontraban en el momento de la entrega.

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