La Junta recibe tres ofertas para el edificio 'puente' de los juzgados

La Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta ha recibido tres ofertas para acoger el denominado edificio puente, al que se trasladarán parte de los juzgados de Sevilla mientras se construye la Ciudad de la Justicia. Las ofertas presentadas son las del edificio Noga, de inmobiliaria Osuna, la sede de Abengoa y unas instalaciones que ofrece la empresa Quivir S. A. en el término municipal de Alcalá de Guadaíra, según informó la Consejería.

Los dos primeros inmuebles tienen a su favor que se ubican en la avenida de la Buhaira, en el eje Prado-Viapol-Buhaira, donde están distribuidos actualmente todos los órganos judiciales que hay en la capital hispalense. De hecho, el anuncio de la Junta ya señalaba que el edificio debería estar lo más cercano posible a las sedes del Prado y Viapol, además de contar "con buena comunicación con el resto de la ciudad y con servicio cercano de transporte público".

El inmueble que propone la empresa Quivir, al estar enclavado en el término municipal de Alcalá de Guadaíra, queda mucho más lejos del eje judicial y, por consiguiente, cuenta a priori con menos opciones para alzarse con el contrato.

La Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta publicó el pasado 20 de enero la oferta para el alquiler de la nueva sede, un contrato que tendrá un coste para las arcas públicas de entre siete y diez millones de euros. El anuncio de la Junta detallaba que la nueva sede tenía que contar con una superficie de entre 8.000 y 10.000 metros cuadrados sobre rasante, y un mínimo de 1.500 metros cuadrados bajo rasante. El contrato inicial es por cuatro años y el precio del arrendamiento oscilaba entre 16 y 18 euros por metro cuadrado y mes, incluidos el IVA y los gastos de comunidad.

De acuerdo con estas especificaciones, el coste del alquiler del edificio puente durante los cuatro años sería de entre 7.296.000 euros, el alquiler mínimo (9.500 metros cuadrados) y al precio más bajo, y de 9.936.000 euros en el supuesto de que la Junta arrendara 11.500 metros al precio máximo. A estas cifras habría que añadir la actualización anual del IPC.