La Junta de Andalucía ha recalcado que sus planes respecto a la Ciudad de la Justicia de Sevilla no han cambiado. "No hay ninguna alteración extraordinaria. La pandemia ha supuesto una reestructuración de todo el presupuesto de la Junta, pero el compromiso de este Gobierno con la Ciudad de la Justicia de Sevilla es firme", ha aseverado el delegado territorial de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en Sevilla, Javier Millán (Cs).

El delegado señala que, pese a la irrupción de la pandemia de coronavirus Covid-19 y la nueva crisis socioeconómica, la consejería que encabeza Juan Marín tiene un "firme compromiso" con el proyecto correspondiente a la instalación de la futura Ciudad de la Justicia en el campus tecnológico de Palmas Altas de la multinacional Abengoa. Y añade que estos planes no han sufrido ninguna "alteración extraordinaria".

En único cambio se ha dado en la financiación para tener colaboración público-privada

Las previsiones de la Junta apuntan a que la Ciudad de la Justicia de Sevilla sea una realidad en el año 2023 tras una inversión de 78 millones de euros en la compra de los edificios actuales de Abengoa en Palmas Altas y las dos parcelas adicionales. A este presupuesto hay que añadir los 30 millones aproximados que cuestan las obras.

En una entrevista con Europa Press, Javier Millán ha asegurado que la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local "continúa" trabajando en el mencionado proyecto. La creación de un nuevo recinto que unifique sedes judiciales diseminadas por Sevilla con instalaciones adecuadas para las actuales exigencias del servicio público de Justicia constituye una reivindicación histórica de la capital andaluza, donde este proyecto giró en torno a múltiples propuestas y ubicaciones.

Unas semanas antes de irrumpir la pandemia del Covid-19 y de decretarse el estado de alarma para frenar la propagación del virus, el consejero de de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, precisó que la previsión era que este mismo año 2020 se licitara el contrato de las obras de adaptación del recinto tecnológico de Palmas Altas como nueva sede judicial y la instalación de nuevas dependencias en sus dos parcelas anexas, con un presupuestos máximo de 30 a 35 millones de euros y un modelo de "colaboración público-privada" que implicaría una "contraprestación" durante determinado número de años en favor de la empresa adjudicataria. Esta cuantía se sumaría a los 78 millones inicialmente destinados a la adquisición del complejo y sus dos parcelas contiguas.

En 2023, como muy tarde, Juan Marín aseguró que tendría lugar el "traslado" de las dependencias y funcionarios de la administración de justicia a la nueva sede.

Respecto al momento actual, Javier Millán ha defendido directamente "el compromiso firme del consejero Juan Marín" con el citado proyecto. "Por fin ha llegado el momento de darle solución", ha dicho el delegado territorial recordando la "carencia histórica" que padece Sevilla en materia de infraestructuras judiciales.

Pese a la nueva situación derivada de la irrupción de la pandemia, según Millán, los responsables de la Consejería de Justicia están "decididos a emprender el camino" hacia la materialización del citado proyecto.

El único "cambio", según ha dicho, corresponde al plano de la financiación, lo que le ha llevado a encuadrar esta iniciativa en la petición elevada por el Gobierno andaluz al Ministerio de Hacienda, en demanda de una modificación de la regulación establecida en la normativa sobre desindexación de la economía española, vinculada a la Ley de Contratos del Sector Público, para propiciar la colaboración público-privada en la contratación de proyectos públicos de infraestructuras.

El delegado territorial ha expuesto que esta fórmula ya fue usada para construir la actual ciudad de la justicia de Córdoba, cuya UTE adjudicataria cuenta con un plazo de 25 años en el cual la Junta ha de abonarle un canon anual por el uso de las instalaciones, gozando la Administración de la plena titularidad y dominio del recinto una vez concluya dicho plazo.