Sara Jiménez, hija de un pastor evangélico de las Tres Mil Viviendas, ocupó la casa en la que vive hace algo más de siete años. Es un piso ubicado en la barriada Martínez Montañés, en el Polígono Sur. Cuando se metió en él, la calle en la que está su bloque ni siquiera tenía nombre. Ahora se llama Los gozos y las sombras. Todas las calles de la zona fueron nombradas con títulos literarios, en un intento por normalizar la vida en un barrio que tiene poco de normal.

La vivienda, cuya titularidad es de la Junta de Andalucía, estaba en ruinas. Sara Jiménez y su marido hicieron una reforma completa, la adecentaron y se instalaron en ella. Tuvieron poco después una hija, que ahora tiene seis años. A finales de octubre, el matrimonio recibió una carta que les obliga a dejar la vivienda que ocuparon ilegalmente. El plazo expira este mes de enero, después de los dos meses legales para recurrir la decisión que ha tenido la familia.

El de Sara Jiménez es uno de los veinte expedientes de desahucio que están en marcha en el Polígono Sur y que se tramitaron en 2019. Según fuentes de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA, el organismo titular de los pisos), once de estos procesos fueron por ocupaciones ilegales de viviendas asaltadas, ocho por no ocupar la vivienda de forma habitual y permanente y uno por ocupación irregular sin título.

En 2019 se cerraron otros 19 expedientes, de los que seis fueron por ocupación ilegal y ocho por viviendas no habitadas. Esto permitió, según las mismas fuentes, recuperar esos 14 pisos y, en la mayoría de los casos, volver a adjudicarlos. Cuatro expedientes están a la espera de un auto judicial que autorice la entrada en el domicilio para recuperar esas viviendas. Y los dos restantes están abiertos recientemente, iniciando la tramitación.

La Junta sigue así con un proceso de regularización de las viviendas ocupadas que no en todos los casos cuenta con el visto bueno de los vecinos del barrio. El presidente de la asociación Martínez Montañés, Rafael Pertegal, se opone firmemente al desahucio de Sara Jiménez y ha pedido a las administraciones que busquen una salida pactada.

"No es de recibo que se le permita ocupar una vivienda, que la dejen que la reforme, que tenga una hija y que ahora, siete años después, vengan a echarla a la calle. Es una familia que tiene pocos ingresos, y ella no se niega a pagar un alquiler a precio bajo o de tipo social. Lo que sí es cierto es que si la echan de la vivienda, la única solución que le quedará es ocupar otra y se estará vistiendo un santo para desvestir otro. Se regulariza una vivienda que podría perfectamente adjudicársele para que se desregularice otra y se vuelva a iniciar todo el proceso". Para Pertegal, esta manera de proceder de la Junta puede suponer una verdadera revolución en un barrio en el que "casi el 80%" de las personas que residen lo hacen en viviendas que no son las que tienen adjudicadas legalmente.

Las versiones de Sara Jiménez y de la Junta difieren en un punto. La joven dice que ella avisó de que iba a ser la reforma y que AVRA le dio el visto bueno. La Agencia de Vivienda asegura lo contrario. Según AVRA, el expediente tramitado ha cumplido todos los requisitos. Se inició tras informar a la ocupante de que estaba en situación de ilegalidad y que debía abandonar la vivienda.

"La afectada se negó a hacerlo, argumentando que no tenía ingresos suficientes para abonar un alquiler. Sin embargo, ha invertido una cifra importante en la reforma de la vivienda, motivo éste por el cual se niega a abandonarla. Antes de realizar esa reforma ya fue advertida de que no debía ejecutarla porque la vivienda es de AVRA y porque ella no es titular adjudicataria, a lo que hizo caso omiso", explicaron fuentes de AVRA.

El expediente está ya resuelto y tiene firmeza, después de que la afectada presentara un recurso de alzada, que ha sido inadmitido por hacerlo fuera del plazo fijado para ello. Actualmente AVRA está solicitando autorización judicial de entrada, para recuperar dicha vivienda. Esta actuación se enmarca en la actividad normal y ordinaria de AVRA para aplicar las normas, recuerda la Agencia.

Las fuentes insisten en que la no actuación de la administración competente ante las ocupaciones ilegales y violaciones de las normas impediría recuperar esas viviendas y reduciría las posibilidades de obtener un piso social a familias que la necesiten y que respetan y cumplen los procedimientos establecidos para ello. Los expedientes se inician una vez se ha verificado y comprobado por personal de la Agencia que se ha producido una ocupación ilegal, y también cuando se comprueba que las viviendas no están siendo habitadas por sus adjudicatarios, incumpliendo por tanto el contrato de arrendamiento, ya que existe obligación de usarlas como residencia habitual y permanente.

Antes del inicio del expediente, los ocupantes ilegales o los adjudicatarios que no hacen uso de la vivienda son contactados para explicarles dicha situación e invitados a abandonar voluntariamente la vivienda en el primer caso, o a entregar voluntariamente la llave de la vivienda, en el segundo caso. Si no lo hacen, se pone en marcha el expediente de desahucio administrativo.

Una vez que se inicia el procedimiento, dicho acto administrativo se comunica formalmente a los afectados, ocupantes ilegales o adjudicatarios que no dan uso a la vivienda, con el fin de que estén informados de dicha acción. También se les comunica la propuesta de resolución, antes de que ésta sea firme. En ambos casos, los afectados tienen posibilidad de recurrir.

Si los recursos no son admitidos, el expediente finaliza con una resolución, en base a la cual se solicita autorización judicial para entrar en el domicilio y recuperar la vivienda. Una vez recuperada, se vuelve a ofrecer como vivienda social de forma inmediata al registro de demandantes de viviendas del municipio en el que se encuentre el inmueble. De esta forma, una nueva familia que cumpla los requisitos de adjudicación se beneficiará de este recurso social.

La Junta añade que tramitar expedientes de desahucio administrativo tiene como finalidad la recuperación de viviendas que, bien están ocupadas de forma ilegal, o bien no son utilizadas por sus adjudicatarios y por tanto, están vacías. El expediente permite recuperar la vivienda para que pueda ser adjudicada como recurso social a otra familia que cumpla los requisitos de adjudicación y respete los procedimientos establecidos. Es decir, familias que se inscriben en los registros de demandantes de viviendas y cumplen con los requisitos que exige la normativa.