La Junta valida en Sevilla 419 cursos para desempleados 6 años después

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Acaparan 15 millones de euros, el 86% del presupuesto previsto, y llegarán a casi 6.300 personas

Una imagen de archivo de un curso de formación para desempleados del año 2010.
Una imagen de archivo de un curso de formación para desempleados del año 2010. / D. S.
Trinidad Perdiguero

27 de septiembre 2017 - 07:00

Seis años después de que los cursos de formación profesional destinados a desempleados quedaran en suspenso en Andalucía, la Junta ha resuelto ya las solicitudes presentadas tras la última convocatoria, que salió hace un año y para la que se habían asignado un total de 17,5 millones de euros a Sevilla, en función el número de parados y otros indicadores. En concreto, se han aprobado un total de 419 cursos de este tipo para la capital y los distintos municipios de la provincia, que han sido propuestos por entidades públicas y privadas que irán recibiendo las notificaciones en estos días, cuando se publicará también las listas definitivas.

Según adelantaron este martes fuentes de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, estos cursos supondrán un montante total de 15 millones de euros en subvenciones, aproximadamente el 86% de los fondos asignados a la provincia, que no se han agotado al completo.

La última vez que se llevaron a cabo acciones formativas de este tipo fue en 2011

De hecho, estaba previsto que se llegara a 436 acciones formativas para desempleados, aunque algunas de las propuestas se han tenido que dejar fuera porque los cursos o las entidades que las han presentado no cumplían con los requisitos de la nueva convocatoria, que se ha retrasado todos estos años por la polémica sobre la gestión de estos fondos para la formación -que ha obligado a auditar muchas de las acciones que se realizaron previamente y a introducir nuevas medidas de control- y a la modificación de la normativa estatal que las regula.

Aun así, se estima que de las acciones formativas que sí se han validado se beneficiarán un total de 6.285 desempleados de la provincia de Sevilla. Los cursos deben arrancar antes de que acabe este mismo año, 2017, aunque se ejecutan con cargo al presupuesto de 2016, el año de publicación de la orden que, como recuerdan fuentes de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, supuso un "punto y seguido para la formación profesional e Andalucía".

La Junta todavía tiene pendiente la publicación de la orden sobre cursos de formación dirigidos a trabajadores ocupados, la conocida como formación continua, y la resolución de la que afecta a escuelas taller y talleres de empleo. Éstas tampoco se convocaban desde hace más de un lustro, a pesar de que han sido una de las herramientas más reclamadas por los ayuntamientos para dar respuesta a los desempleados más jóvenes y con escasa cualificación, a la vez que se realizaban distintos proyectos de interés para el territorio. En este caso de escuelas y talleres de empleo, el alumnado percibe una parte o la totalidad del salario mínimo interprofesional, según la modalidad, mientras que se forma.

Para las escuelas taller y talleres de oficio, se han asignado a la provincia de Sevilla algo más de 12 millones de euros. El plazo para presentar las solicitudes se cerró el pasado 30 de abril, aunque durante todos estos meses se han estado resolviendo distintos requerimientos e, incluso, se ha mantenido una línea telefónica específica, para que los técnicos municipales pudieran resolver dudas y aportar la documentación. Se prevé que la Junta resuelva la convocatoria a finales del próximo mes de octubre.

Más exigencias y control a las entidades interesadas

Las bases de esta nueva convocatoria de cursos de formación para desempleados incluían importantes novedades. Entre otras cosas, por primera vez van a tener prioridad aquellas acciones formativas en las que el alumno que las complete obtenga un certificado de profesionalidad, es decir, un documento oficial y homologado que pueda esgrimir a la hora de acceder a a un empleo, lo que implica más exigencias a la hora de seleccionar al profesorado e, incluso, el espacio donde físicamente se impartirá cada curso. Además, se ha establecido una única forma de pago para las entidades que los lleven a cabo, de forma que recibirán como anticipo un 25% de la subvención en el momento de la concesión de la misma. Una vez que hayan acreditado que la actividad formativa está en marcha, se les ingresará otro 35%; mientras que el 40% restante se dejará para el final y una vez que se haya justificado al completo la subvención recibida. Todo esto implica que las empresas beneficiarias han debido acreditar también una mayor solvencia económica y que cuentan con "medios suficientes y adecuados" para la acción formativa que han propuesto y que, a diferencia de otras convocatorias, no podrán subcontratar en ningún caso.

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