La Oficina del Defensor del Pueblo andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio dirigida a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación; al Ministerio de Interior y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para investigar el fallecimiento entre enero y octubre de diez internos en las cárceles de Sevilla.

En el texto de la queja, consultado por Europa Press, el Defensor señala que ha tenido conocimiento de recientes fallecimientos de internos en los distintos centros penitenciarios de la provincia sevillana “por una posible sobredosis”. También subraya que estas informaciones aluden que de enero a octubre “se han producido diez muertes en estos centros frente a los noventa ocurridos en la totalidad de centros penitenciarios españoles”.

La institución recuerda, como ya hizo referencia en una queja anterior, que en el ámbito penitenciario concurren acciones y políticas en las que interviene la gestión de la Administración General del Estado, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP), y la propia Junta de Andalucía, “responsable del ejercicio de competencias tan sensibles a la actividad diaria de la vida en las cárceles y de sus internos como son la sanidad, asistencia social y la educación”.

Muertes relacionadas con las sobredosis

La Defensoría apunta que de los diez fallecimientos, “los últimos cinco, ocurridos entre mayo y octubre, parecen estar relacionados con una sobredosis, pudiéndose corresponder el resto con otras cuestiones”. En este punto inciden en que, aunque un “elevado” porcentaje de los internos son drogodependientes y, en muchos casos, cumplen condenas por delitos relacionados con este motivo, “el hecho de que tengan acceso a dichas sustancias es una cuestión grave que dificulta, cuanto no, imposibilita su reinserción”.

Maeztu explica que las medidas preventivas que han de tomarse en los cárceles “deben tener su respaldo en aquellas otras medidas alternativas que, en el ámbito competencial de la comunidad, tiene atribuida la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales”. El Defensor del Pueblo andaluz solicita información sobre la “posibilidad de aumentar o redistribuir el número de profesionales de los Equipos de Apoyo a Instituciones Penitenciarias (EAIP) entre las cárceles”.