Sevilla

"Ocuparon mi casa y montaron en ella una plantación de marihuana"

Álvaro J. G. C. posa con la denuncia que ha presentado por la ocupación de su casa.

Álvaro J. G. C. posa con la denuncia que ha presentado por la ocupación de su casa. / José Ángel García

Álvaro J. G. C. tiene una parcela en una urbanización de Carmona que lleva ocupada tres años y medio. Unos individuos aprovecharon que la puerta se quedó abierta tras un registro de la Guardia Civil para meterse en ella. Con el paso del tiempo, los ocupas han ido cambiando. Ahora, el dueño cree que han instalado en ella una plantación de marihuana. Hay numerosos indicios que así lo apuntan, desde el fuerte olor hasta la concentración de aparatos de aire acondicionado en una nave aledaña a la casa y los enganches de la luz a la red pública. Los vecinos le han confirmado también sus sospechas.

La finca sigue hipotecada y su dueño paga cada mes unos 600 euros, a pesar de que no disfruta de su uso. Ahora, con una pensión por incapacidad y una serie de gastos que tiene que afrontar, se ha visto obligado a devolver el último recibo del préstamo. El crédito, además, lo tenía con un banco norteamericano que dejó de operar en España y un fondo buitre se hizo cargo de las hipotecas. No sabe qué pasará si deja de pagar durante más tiempo. "Quiero pagar, pero es que no puedo. Tengo una parcela que no puedo ni disfrutar, ni tampoco vender o alquilar, o vender mi piso de Sevilla y venirme a vivir al campo. Está ocupado y nadie hace nada por acabar con ello. Tampoco puedo vende el coche por orden judicial".

El calvario de Álvaro comenzó en julio de 2020. Este hombre, que ahora tiene 55 años, fue detenido en el marco de la operación Añoranza, uno de los golpes más importantes de la Guardia Civil al contrabando de tabaco en Andalucía en los últimos años. Él sostiene que su única participación en los hechos fue comprarle a una organización que se dedicaba a vender tabaco ilegal. La Guardia Civil le intervino 30 cartones, aproximadamente una caja y media, una cifra muy inferior al límite que establece la ley para que el contrabando deje de ser una infracción administrativa y pase a ser delito, que es de unas siete cajas. 

Sin embargo, se le consideró miembro de una banda organizada y se le mantuvo ese cargo una vez que fue puesto a disposición judicial, lo que le valió una estancia de un mes en prisión preventiva. Lo que debería haberse solucionado con el pago de una multa terminó con este hombre en la cárcel. "Allí llegaron a decirme que nadie entraba en prisión por vender tabaco. Y yo les respondía ¿Dónde estamos?". Le registraron su vivienda de Sevilla, un almacén y la casa de campo, ubicada en la urbanización Los Nietos, en Carmona. En este último registro no estuvo presente. Según le contaron sus vecinos, los guardias civiles que participaron en él dejaron la puerta abierta al terminar y ni siquiera colocaron un precinto. 

La finca de Carmona propiedad de Álvaro. La finca de Carmona propiedad de Álvaro.

La finca de Carmona propiedad de Álvaro. / M. G.

La finca fue ocupada por un ciudadano rumano y su pareja mientras él se encontraba en la cárcel. Su hija denunció los hechos a la Guardia Civil, pero el caso se quedó tal cual y prescribió al año siguiente. Un juzgado de Carmona emitió un auto archivando la ocupación de su vivienda. El primer ocupa le cedió la parcela a otros, le robaron y revendieron a otros vecinos toda el agua que había en su pozo, sustrajeron los motores de la piscina y del aire acondicionado y ahora está seguro de que han instalado una plantación de marihuana en la finca. 

El propietario de la misma ha puesto estos hechos de nuevo en conocimiento de la Guardia Civil. Presentó una nueva denuncia a mediados de enero, pero por el momento todo sigue igual. En su denuncia, presentada en el cuartel de Carmona, Álvaro asegura que la "situación de la parcela es extrema, ya que sigue habiendo un trasiego de personas en el interior de la misma", algo que puede comprobarse con un simple paseo por la puerta de la finca, desde donde se observan a varias personas que residen allí. Entre ellas hay varios niños, que una mañana laborable de esta semana estaban en la casa y no en el colegio.

Igualmente, el denunciante añade que los vecinos le han comentado que los ocupas "realizan hechos delictivos de diversa índole", así como que él sigue pagando facturas, sello municipal e hipoteca y que la propiedad sigue estando a su nombre. "Ya sólo faltaría que me imputaran a mí la plantación de marihuana". Por si todo esto fuera poco, el juzgado le ha notificado ya un embargo por no pagar la comunidad de la parcela.

"Para mí todo esto supone un perjuicio enorme. No tengo derecho a entrar en una propiedad que es mía. Yo no pude luchar por lo que es mío, porque yo en ese momento estaba en prisión y estaba indefenso. Si hubiera estado en la calle, igual hubiera podido hacer algo más, pero cuando salí de la cárcel ya estaba ocupada la finca. El mismo sistema me tiene así", asegura Álvaro. "Parece que a nadie le importa esto. Es una locura. He seguido pagando la hipoteca hasta que ya pago o dejo de comer. Yo siempre he sido pagador".

Este sevillano adquirió la parcela en 2002. En 2007 la rehipotecó y nunca había dejado de pagar. La utilizaba como segunda residencia y la estaba mejorando para poder disfrutar allí los veranos. Desde julio de 2020 no ha podido ni entrar en ella, porque siempre hay vigilantes, lo que es un indicio más de la existencia de una plantación ilegal, pues es habitual que las mafias que se dedican a estas actividades tengan vigilantes para evitar robos, los conocidos como vuelcos. 

Uno de los registros de la operación Añoranza. Uno de los registros de la operación Añoranza.

Uno de los registros de la operación Añoranza. / Antonio Pizarro

"Todo esto es culpa de la ley. No se respeta la propiedad privada. La Constitución está mal redactada, pues dice que todos tenemos derecho a una vivienda digna. Pero a ese artículo habría que añadirle que la pague el Estado, no el vecino, como es mi caso. Soy como un pagafantas", añade Álvaro, que actualmente vive de una pensión por incapacidad tras muchos años trabajando como conductor de una de las empresas de autobuses que cubre la ruta entre Sevilla y Cádiz.

La operación Añoranza, en la que fue detenido por contrabando de tabaco, permanece todavía en fase de instrucción. Fue uno de las 14 personas que ingresó en prisión, de las 36 que fueron arrestadas. Álvaro admite que vendía tabaco ilegal, pero siempre dentro de los márgenes legales para no alcanzar el delito. Y también asegura que lo único que hizo fue comprar tabaco a un grupo de personas para luego revenderlo, no que fuera miembro de una banda organizada. El juez le permitió seguir usando su coche, pero no ha podido venderlo, "lo que me habría venido muy bien".

De su arresto recuerda que pasó unas diez horas metido dentro del autobús que utiliza la Guardia Civil para las conducciones de detenidos, dentro de la comandancia de Montequinto, con un calor extremo y con varias personas más, a pesar de que seguían vigente las medidas anticovid y que la pandemia seguía presente. "Los guardias nos trataron bien, nos regaban el autobús por encima. Pero si hacía 45 grados fuera, imagínese lo que hacía dentro del autobús, más de sesenta seguro. Fue insoportable. Y los calabozos estaban vacíos, porque me permitieron salir un momento a orinar y pasé por ellos".

Compartió autobús con un vecino de su misma urbanización, que no tenía nada que ver con la red de tabaco ilegal pero que se vio afectado por un error del GPS que le habían instalado en el coche al hombre que residía en la casa de enfrente, al que seguía la Guardia Civil. Sin embargo, el geolocalizador marcaba el interior de la parcela de este otro vecino y los agentes entraron en su finca, donde sólo estaba en ese momento su mujer, pues él se había ido ya a trabajar. Le partieron varias puertas y muebles y sólo encontraron un kilo de picadura de tabaco que su mujer había comprado por internet, junto con una máquina pequeña de liar cigarrillos adquirida en Amazon.

"Y nadie me ha pagado los destrozos de la casa", dice, y recuerda aquel día en el autobús junto con Álvaro, el vecino que sigue sin poder disfrutar de su vivienda. Hoy, Álvaro pasa el tiempo muy involucrado en el cuidado de los animales. Busca dueños a perros y gatos enfermos o abandonados. Tiene en su piso de Sevilla más de una decena de gatos, que no es nada comparado con los 51 que tenía el día que le entró la Guardia Civil. En el momento del registro le dijeron que padecía el síndrome de Noé, un trastorno mental que consiste en acaparar un buen número de animales en casa. "No lo tengo, pero bueno...", apunta, y enseña en su teléfono móvil fotografías de algunos de los gatos y perros que ha conseguido salvar. Esta misma semana se ha cruzado España para recoger en Gijón un perro ciego y traerlo a una veterinaria de Sevilla. "Lo bien que me vendría la casa del campo para tener allí los animales".

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