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Otro Plan General declarado nulo: Chiclana

El tiempo medio de tramitación de un Plan General (PGOU) es largo, complejo y arduo, sosteniéndose por algunos que «supera los ocho años». Y se dice que los poderes públicos deben velar por «garantizar la seguridad jurídica de los distintos operadores económicos afectados por los instrumentos de planeamiento urbanístico» (Decreto-ley 31/2020 -autonómico-). Eso sí, una cosa es proclamarlo, y otra acatarlo.

Ángel Cabral González-Sicilia / Socio de Génova Abogados Ángel Cabral González-Sicilia / Socio de Génova Abogados

Ángel Cabral González-Sicilia / Socio de Génova Abogados

Es lo que sucede con la evaluación ambiental estratégica (EAE) a la que quedan sujetos esos PGOU, por cuanto la normativa obliga a anticipar la protección ambiental previo a empezar a tramitar un PGOU, pues la toma de decisiones sobre ese PGOU podría comprometer negativamente el medio ambiente, reconociéndose, por ello, a la EAE como instrumento de prevención (precursor) para «garantizar un desarrollo sostenible más duradero, justo y saludable». Los principios que inspiran la EAE son los de cautela, de acción anticipada y protectora. De ahí que antes de iniciar el procedimiento de aprobación de un PGOU (incluso «en fase de consultas» y en «fase de borrador») se ha de analizar la protección ambiental para obtener «soluciones más sostenibles». De esta forma queda claro que 1º es la protección ambiental y 2º la tramitación del PGOU (STS 22/07/2021). Y si la norma incide sobre un PGOU que ya estaba tramitándose, pues habrá que empezar de nuevo (no queda otro remedio), y ante todo someter la idea de nueva Ciudad (no ya el PGOU terminado) a la protección ambiental.

Si ello es bien conocido (o debiera serlo), surgiría la pregunta de ¿por qué insisten “algunos” en seguir tramitando esos PGOU cuando saben que los van a declarar nulos? No es que no se analicen, por ejemplo, los casos de Marbella, Jaén o ahora Chiclana. La respuesta es desdichadamente simple, pues se trata de jugar con el factor tiempo y con el dinero público, postergando la seguridad jurídica en favor de «atender desmedidamente al propio interés» (definición de «egoísmo» por la RAE). Y como argumentos para seguir haciéndolo, podría especularse con el oportunismo político electoral, la obcecación de los técnicos, la impudicia por el dinero público, …

Ya es hora de frenar ese despilfarro temporal, económico, y expulsar cualquier atisbo perverso de arengar e incumplir. Recuérdese, “Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” (Abraham Lincoln).