El abogado Simón Fernández Rebollo, que representa al ex subdirector general de Mercasevilla Daniel Ponce, imputado en el caso del presunto cohecho, ha acusado este martes al alcalde de Sevilla y dirigente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, de politizar este proceso y de  "petardear" el criterio del jurado.

En su alegato previo al juicio,  el letrado ha dicho que "sin duda esta causa está politizada", hay "rencillas políticas", y el alcalde de Sevilla está personado como acusación particular pero no como un "ciudadano puro, sino por puro interés personal", ya  que ha ofrecido a su partido una relevancia con esta causa. El abogado ha añadido que Zoido "no para de machacar" a Daniel Ponce diciendo que es el "extorsionador de Mercasevilla", una expresión que el letrado señaló que se utiliza "con ánimo de petardear" el criterio del jurado popular que debe emitir el veredicto.

La defensa argumentó que este caso "no es tan claro y fácil" como aseguran el fiscal y las acusaciones particulares, y puso como ejemplo algunos errores en procesos que en principio parecían claros, como el juicio por el asesinato de Rocío Wanninkhof, en el que un jurado condenó a Dolores Vázquez y dos años después se comprobó que era inocente.  El letrado señaló igualmente la operación Galgo, en la que se imputó a la atleta Marta Domínguez, en la que hubo una "condena mediática" y al final se archivó la causa, y también las retiradas de acusación de la acusación de la Fiscalía "por intereses políticos" en algunos juicios al líder batasuno Arnaldo Otegi. 

El defensor puso estos ejemplos para pedir al jurado que no consideren que los hechos sean tan fáciles como sostienen las acusaciones y para que "no caigan en la tentación de hacer caso de los medios de comunicación".

Al igual que han expuesto otros defensores, Simón Fernández Rebollo explicó que ninguno de los cuatro acusados por el intento de cohecho en Mercasevilla podía conseguir la subvención de 900.000 euros para el proyecto de escuela de hostelería, ni conceder la ayuda, por lo que a su juicio el delito de cohecho no existe.

Por su parte, el abogado Francisco Baena Bocanegra, que defiende al ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, ha defendido que no hay pruebas de la participación de su cliente en el intento de exigir una comisión de 300.000 euros a los empresarios de La Raza, ya que éste no participó en esa conversación ni se le menciona, y precisó que lo único que hay contra él son unas declaraciones realizadas por Fernando Mellet a la Policía y en la Fiscalía en las que aseguró que había solicitado el dinero por instrucciones del entonces delegado de Empleo. El defensor advirtió, no obstante, que estas declaraciones no han sido ratificadas ante ninguna autoridad judicial, por lo que concluyó que no hay indicios para mantener la acusación contra Rivas.

Baena Bocanegra ha insistido en que Rivas “no tenía competencia para tramitar ni dar” esa subvención a la Fundación Socioasistencial Mercasevilla para la puesta en marcha de la escuela de hostelería. El letrado dijo que en este proceso hay que dejarse de eufemismos y, para que lo entendiera el jurado, explicó que la base de las acusaciones consiste en mantener que los acusados se pusieron de acuerdo “para pegar una mordida, algo que en Andalucía tiene un nombre claro: iban a trincar”. 

Frente a esa acusación, Baena Bocanegra ha subrayado que Antonio Rivas niega rotundamente los cargos, "con indignación y dolor, y clama por su inocencia".

Por último, el abogado Carlos Galán, que defiende a la directora de proyectos de la Fundación Mercasevilla, Regla Pereira, ha asegurado que en este proceso “se ha pisoteado desde el minuto uno” la presunción de inocencia de esta trabajadora, que según dijo fue contratada como secretaria en prácticas y posteriormente la nombrado directiva pero “sin ningún poder de decisión”.

El abogado consideró que la instructora del caso, la juez Mercedes Alaya, "se ha equivocado" al procesar a Regla Pereira porque la misma magistrada reconoció en sus resoluciones que había indicios débiles para imputarla pero al final decidió continuar la causa para que fuera el jurado el que determinara si esos indicios eran suficientes o no para condenarla. El letrado destacó que la instructora es una persona “muy trabajadora, rigurosa y honrada”, pero añadió que es “humana, no infalible” y a su juicio se ha equivocado en el caso de Regla Pereira, que ni siquiera estuvo presente en la reunión del 27 de enero de 2009 que fue grabada por los empresarios denunciantes, y sólo asistió de forma parcial a un encuentro previo, el 16 de enero, en el que se ausentó en dos ocasiones y desconoce si en el mismo se solicitó la comisión a los hosteleros. La defensa añadió que el simple hecho de haber traído a Pereira a este juicio ya supone "una pena de banquillo" y añadió que su clienta no ha sido denunciada ni citada en las otras investigaciones que se derivaron de ésta, como el caso de los ERE fraudulentos, el de la venta de los suelos de Mercasevilla y el delito societario.

El juicio continúa esta este miércoles con la audición de la grabación de la conversación que los directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce mantuvieron con los hosteleros de La Raza Pedro Sánchez Cuerda y José Ignacio de Rojas, y en la que supuestamente se les exigió el pago de una comisión con el pretexto de que “la Junta colabora con quien colabora con la Junta”.