Según la ONU, la humanidad se enfrenta, en los próximos nueve años, a diversos desafíos globales. El primero de ellos es "poner fin a la pobreza, en todas sus formas, en todo el mundo".

En Andalucía, según datos extraídos del proyecto europeo Urban Audit (INE, 2021), se ubican 12 de los 15 barrios con menor renta media anual por habitante del territorio español, siendo Sevilla y Córdoba las ciudades con mayor número de barrios pobres. En ámbitos académicos es frecuente emplear la renta media anual por habitante como medida unidimensional de la pobreza. Sin embargo, este indicador está siendo sustituido por un enfoque multidimensional, que contempla la pobreza bajo el prisma de diversas dimensiones y umbrales más allá de la renta media territorial. Con el objetivo de responder a este nuevo enfoque de medición del riesgo de pobreza, los profesores de la Universidad de Sevilla que firman este artículo proponen el Indicador de Pobreza Municipal Urban Audit (IPM-UA) para medir el riesgo de pobreza en los municipios españoles. En esa óptica, se calculan y comparan los valores del mismo en los municipios andaluces. Para diseñar el IPM-UA se usa la base de datos Urban Audit del INE, que incluye información sobre condiciones de vida en los municipios españoles con más de 20.000 habitantes, y se emplean técnicas estadísticas descriptivas y multivariantes. El resultado del análisis de datos evidencia los hechos que se refieren a continuación.

Primero, el indicador IPM-UA está integrado por tres dimensiones (educación, salud y empleo) y por seis indicadores (porcentaje de la población menor de cuatro años que está inscrita en guarderías, porcentaje de natalidad, diferencia a cien del porcentaje de mortalidad, tasa de actividad, porcentaje de ocupados sobre activos y porcentaje de empleo en el sector servicios).

Segundo, el análisis del riesgo de pobreza de los municipios andaluces según el IPM-UA permite distinguir cuatro deducciones objetivas: Cádiz pertenece a la categoría de mayor riesgo de pobreza; Granada se integra en la segunda categoría con mayor riesgo de pobreza; los municipios de Sevilla, Córdoba, Fuengirola y Málaga presentan un riesgo de pobreza moderado y conforman la tercera categoría; y cuatro, El Puerto de Santa María, Torremolinos, Jerez de la Frontera, Marbella y Almería son los municipios con menor riesgo de pobreza.

Tercero, la comparación, con mayor grado de detalle, del riesgo de pobreza en las ciudades de Sevilla y Cádiz permite vislumbrar una evolución del IPM-UA descendente en los cuatro años considerados; siendo el descenso más notable en Cádiz. Además, Sevilla se mueve siempre en valores muy cercanos a los de la media nacional y la distancia en términos de riesgo de pobreza entre Cádiz y Sevilla crece a lo largo del periodo estudiado.

Sin embargo, estos resultados deben ponerse en cuarentena, puesto que el IPM-UA no incluye todas las dimensiones que pueden medir la pobreza; el umbral que decide qué ciudades están en riesgo de pobreza se define en base a la media nacional y el análisis de los datos se realiza a nivel ciudad, no a un nivel más desagregado (barrio o distrito).

Ante este panorama, es necesario reclamar la intervención urgente de varios grupos de interés: académicos, responsables de políticas públicas y gestores del sector privado.

El mundo académico debería ser más sensible y asumir un compromiso mayor con la generación de conocimiento sobre la pobreza en Andalucía; con propuestas de indicadores de pobreza multidimensional válidos, fiables y parsimoniosos, que permitan identificar a los ciudadanos andaluces en riesgo de pobreza. Además, la academia debe aportar modelos conceptuales alternativos que sean descriptivos, explicativos y predictivos sobre la situación de la pobreza en los ayuntamientos andaluces.

Por su parte, los responsables de las políticas públicas deben asignar recursos para generar dicho conocimiento, así como diseñar, implantar y evaluar políticas que reduzcan la pobreza de los andaluces, que transciendan el ámbito de la transferencia de recursos financieros a la población en riesgo de pobreza. En este sentido y a modo de aproximación, Jeffrey Sachs estima que erradicar la pobreza extrema, que afecta a más de 800 millones de personas en el mundo, puede tener un coste de 175.000 millones de dólares.

En la misma línea, el sector privado debe adoptar un modelo de gestión orientado al desarrollo sostenible, y enfocar su atención prioritariamente en el objetivo de primer nivel: "Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo". Todo ello no será posible sin alianzas entre los grupos de interés previamente mencionados y el compromiso político con la población en riesgo de pobreza.