El TSJA obliga a la Junta a subvencionar a otros cuatro colegios que no son mixtos

Otro varapalo judicial a la política educativa andaluza. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado varios autos en los que obliga al Gobierno autonómico a otorgar el concierto a cuatro centros educativos que segregan a los escolares por sexo. En este caso se trata también de centros sevillanos -Ribamar, Altair, Ángela Guerrero y Nuestra Señora de Lourdes, en Carmona- que, al igual que otros siete colegios andaluces, esperaban con impaciencia esta decisión judicial después de que el pasado día 16 de mayo se diera a conocer el primer auto que concedió medidas cautelares al colegio Albaydar, de la avenida de la Palmera de la capital.

Después de este precedente, la comunidad educativa de estos centros de educación diferenciada confían en fallos judiciales idénticos para el resto de los colegios afectados. La Junta de Andalucía se amparó en sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en 2012 para denegar los conciertos a los colegios que no son mixtos. La decisión entonces se fundamentaba en la LOE, la ley educativa que ha perdido vigencia al aprobar el Gobierno de Mariano Rajoy la Lomce. La norma invalida a la anterior y, por tanto, a las decisiones adoptadas por la Junta de Andalucía y que tienen su base en la anterior ley.

Por ello, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA ha decidido atender ya la petición de cinco centros de educación diferenciada por sexo al estimar que la Lomce legitima estos conciertos. En concreto, el Alto Tribunal entiende que las leyes modificadas consideran que la educación diferenciada no discrimina y puede ser acreedora de los beneficios públicos de la concertación.

En esta línea, la sala concede las medidas cautelares solicitadas por los colegios, que implican la suspensión de la decisión de la Junta de retirar la subvención en tanto se resuelve la cuestión y obliga al Gobierno autonómico a otorgar el concierto solicitado.

Según los autos dictados, "el que haya ocho o doce colegios o los que sean, en todo caso porcentualmente mínimos en el ámbito de la prestación escolar de la comunidad autónoma, no puede originar un perjuicio a ese interés general, que no debe confundirse con una ideología educativa concreta".

El Alto Tribunal también suscribe el rechazo a la pretensión de la Junta de suspender el proceso hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso presentado por la Administración andaluza contra la Lomce, ya que ello "no obsta" para que la norma sea vigente y produzca "plenos" efectos en la realidad jurídica: por ello, "estaría de más" suspender el proceso por el planteamiento de una cuestión prejudicial "que tardaría en resolverse años". Además, el TSJA subraya que los perjuicios económicos, "dado el 0,2% de colegios públicos o concertados a los que se otorga la subvención dentro de la comunidad autónoma andaluza", son "ínfimos", prestando un servicio educativo "sin que se haya opuesto tacha alguna por la Administración los precedentes años".

Al igual que en el caso del centro Albaydar, las resoluciones son susceptibles de recurso de casación por parte de la Administración, si bien las medidas son ejecutables de inmediato. La letrada Carmen Mora, asesora jurídica de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE-A) que ha llevado la dirección letrada de estos recursos, expresó este martes su "satisfacción" por el contenido de los autos, reiterando que la consecuencia es que "2.000 familias vayan a optar por el centro educativo que han elegido libremente, por estar conforme con su proyecto educativo", y sin la "inminente" pérdida de empleo prevista de "tan buenos profesionales y de tanta trayectoria".

La abogada insistió en que estos centros atienden a sus alumnos personalmente, "en un claro ejercicio de atención a las necesidades de cada uno: de ahí sus resultados académicos y de empleabilidad en los centros de formación profesional", subrayó. La Junta, no obstante, ya apuntó hace diez días, tras conocerse el primer auto, que la educación diferenciada es un modelo que no comparte el Gobierno andaluz, que apuesta por una educación inclusiva, por lo que recurrirá la concesión cautelar.

La comunidad educativa de estos centros recuerda que la ley es clara

La comunidad de los centros de educación diferenciada por sexo andaluces beneficiados por las resoluciones del TSJA han acogido con satisfacción el auto y las medidas cautelares dictadas. Para los colegios, aunque la administración autonómica recurra, la ley es "clara" y el concierto debe prosperar independientemente del resultado.

La directora del colegio Ribamar, María Luz Couto, explicó este martes a Europa Press que, "como no podía ser de otra manera", las resoluciones han seguido la misma línea que la marcada inicialmente por el caso del colegio Albaydar, ya que "las medidas cautelares se solicitaban por motivos similares". "Los tribunales han dejado claro ese reconocimiento del derecho de los padres a elegir el modelo educativo que quieren para sus hijos, que en nuestro caso es legal y avalado por los resultados académicos, con gran demanda social", subrayó Couto, que recordó que si la Junta acató la ley cuando apelaba a la jurisprudencia del Supremo para negar el convenio, "ahora entendemos que también lo harán, aunque no sean partidarios". Por su parte, el gerente del centro Altair, Esteban Guerrero, señaló que el colegio está "satisfecho, tranquilo y contento", al ver que hasta 320 familias van a poder ingresar a sus alumnos en el mismo el próximo año. Según Guerrero, "estábamos tranquilos, sabíamos que iba a salir en esta línea, era cuestión de tiempo". Asimismo, recordó que, con independencia de los recursos, "al ser el auto ejecutable de inmediato deben poner los medios para que el convenio se ejecute: con la ley tan clara, no creemos que vaya a prosperar y, mínimo, duraría los tres años del periodo de concierto". Por último, la portavoz de la plataforma Mis padres deciden, Gemma García, manifestó que las familias estaban "muy intranquilas", si bien "por fin han reconocido el derecho a decidir la educación de nuestros hijos".