El Ayuntamiento busca una vía legal para convertir Tablada en un parque

La situación actual de la dehesa

El gobierno socialista encarga un estudio jurídico independiente que determine cuál es la solución más conveniente para recuperar la titularidad pública de los suelos

El Metro cruza por encima de los suelos de Tablada en dirección a Sevilla.
El Metro cruza por encima de los suelos de Tablada en dirección a Sevilla. / Juan Carlos Vázquez

Cambio de planes. Si hace sólo tres meses el gobierno socialista entendía que la expropiación de los suelos de Tablada correspondía a la Junta de Andalucía, ahora expone que la prioridad es poner en marcha todas las medidas necesarias dentro de las competencias del Ayuntamiento de Sevilla para la recuperación de la titularidad pública del área y el desarrollo del parque periurbano que la ciudad necesita en consonancia con lo establecido en el Plan de Ordenación del territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla. Un nuevo giro de 180 grados que viene de la mano del acuerdo firmado hace unos días con Podemos para lograr su respaldo a las cuentas de 2022.

Concretamente, se encargará en las próximas semanas un estudio jurídico independiente para determinar cuál es la vía legal más conveniente a los intereses municipales para el desarrollo de ese parque periurbano. En paralelo, la vía judicial para recuperar la titularidad pública de los suelos rústicos de Tablada, propiedad de varias constructoras, se ha cerrado definitivamente, pese a que era el camino más fácil y más económico para los intereses públicos. Esta opción ha quedado en vía muerta tras la decisión del capitán jubilado Jesús López de desistir del procedimiento iniciado ante la Audiencia Nacional para que ejecutara la sentencia pendiente contra el Ministerio de Defensa con todos los visos de prosperar.

Podemos logra el cambio de planes de los socialistas tras respaldar las cuentas

El desistimiento de la vía judicial fue enviado hace dos semanas por el capitán jubilado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. En su escrito argumentaba que desiste porque no ha logrado el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla a esta iniciativa judicial por la que se podía revertir la venta ilegal de los suelos más próximos al río y Defensa tenía que pagar 12 millones a los dueños. “En estos más de 20 años de esfuerzo en solitario y de reiterados intentos de conseguir apoyo del Ayuntamiento de Sevilla, mi representado no ha recibido respuesta oficial alguna, por lo que ha optado por desistir de esta ejecución”, explicaba en el escrito.

La última intervención pública del gobierno municipal sobre la expropiación de los suelos de Tablada para convertirlo en un parque periurbano fue de Antonio Muñoz, delegado de Hábitat Urbano, después del pasado verano. “Algo hay que hacer. El Ayuntamiento no contempla en estos momentos la expropiación. Independientemente de las dudas jurídicas que plantea, imaginaros el presupuesto que tendríamos que destinar para expropiarlo. Entendemos que, por ser un parque periurbano, es la Junta quien debería producir esa expropiación total o parcial del número de hectáreas”. La propuesta de los socialistas es lograr un acuerdo con la Consejería de Medio Ambiente “para que sea coherente con lo que ella misma ha planificado”. Entienden que es el gobierno andaluz del popular Juanma Moreno quien debe mover ficha, aunque no quieren que se interprete como que se ponen de perfil: “Nosotros también tenemos que negociar y presionar a los interesados”.

La vía judicial queda cerrada tras el desistimiento enviado a la Audiencia Nacional

Desde los servicios jurídicos del Ayuntamiento apuntaron en ese momento que Tablada está declarado como parque periurbano en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus), por lo que de una lectura jurídica del asunto el equipo de Espadas llegó a la conclusión de que la iniciativa para la ejecución de ese plan de ordenación correspondía a la Comunidad autónoma, que asume la titularidad y gestión del parque.

El Estado subastó las 360 hectáreas de Tablada en 1997 por 36 millones y sus compradores (las cajas de ahorro sevillanas) las volvieron a vender en 2001 por el doble de dinero (82 millones) a una agrupación de promotoras inmobiliarias decididas a construir viviendas. El problema fue que la sentencia judicial del Supremo (2016) dejó meridianamente claro que la franja de suelo de 200 metros junto al río no es subastable ni vendible porque pertenece al dominio público marítimo-terrestre. El Supremo dio la razón al promotor Jesús López, que ha pleiteado dos décadas desde que quedó fuera de la subasta de Tablada, en su batalla para que el Ministerio de Medio Ambiente reserve la franja de suelo público.

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