El claustro de la Universidad de Sevilla (US) ha logrado este jueves sacar adelante una declaración contra la LOSU (más conocida como ley Castells) sin precisar el tipo de sufragio que ha de establecerse para elegir al rector, decanos y directores de centros y departamentos. El texto, que ha recibido el respaldo de la mayoría de los claustrales con 120 votos a favor, seis en contra y 21 abstenciones, se amplió a última hora con un párrafo en el que se garantiza que los nuevos estatutos que han de redactarse para ajustarlos a la reforma estatal deben ser aprobados por sufragio universal ponderado de toda la comunidad universitaria y ahí entraría el tipo de elección para los cargos gubernamentales.
Este párrafo ha sido la respuesta dada por el rector de la Hispalense, Miguel Ángel Castro, a la propuesta de la profesora Pilar Ariza, que pedía que esa declaración, en el punto alusivo a la defensa del autogobierno académico, recogiera que la forma de elección de los cargos antes citados se aprobará, a propuesta del claustro, mediante sufragio universal ponderado.
Conviene recordar aquí que la Hispalense es la única universidad pública de España en la que el voto es indirecto, pues queda restringido a los 300 integrantes que forman el claustro, el máximo órgano de gobierno donde están representados los distintos sectores de la comunidad universitaria. Un modelo contrario al establecido por la LOSU, que obliga a implantar el sufragio universal ponderado en todas las instituciones universitarias.
La reforma estatuaria
Miguel Ángel Castro, en respuesta a la propuesta de la profesora Ariza, ha afirmado "no estar de acuerdo" con que sólo se ratifique "una parte del estatuto". "Lo que deseamos es que se debata un abanico de opciones y se apruebe la que se considere más oportuna", ha expresado el rector de la US, que en ningún momento ha mencionado ni el sufragio indirecto ni el universal ponderado. Una omisión también perceptible en la segunda versión de la declaración que se ha llevado este jueves al claustro, tras las aportaciones recibidas al texto original, donde sí se hacía una defensa del actual sistema de votación.
De esta forma, el párrafo que se ha incluido en la declaración definitiva establece que el claustro de la US deberá elaborar los nuevos estatutos en un plazo máximo de dos años, para que luego sean ratificados por sufragio universal ponderado por toda la comunidad universitaria. "No hablo de la forma de elección, sino de los estatutos, una cuestión más global y no tan particular", ha referido Castro, quien ha defendido que se han hecho "todos los esfuerzos" para analizar y debatir los tipos de elección, en referencia al proceso que se llevó a cabo en la primavera de 2016. De igual modo,ha comparado el procedimiento propuesto con el que se sigue para aprobar una Constitución, por lo que eleva el claustro a la "categoría" de "Parlamento".
El claustro se ha celebrado en el aula magna de la Facultad de Medicina.
Esta aportación ha dado lugar a numerosas intervenciones. En muchas de ellas se ha apremiado al rector a dar "un paso más" en la redacción de este párrafo y, en concreto, en el modelo de elección de los cargos gubernamentales. Destacado ha sido el turno de palabra concedido al profesor Luis Ángel Hierro, quien ha recordado que el motivo principal que subyace en este punto del día es el sufragio universal. "Estamos intentado sacar a empujones algo que debió salir adelante hace tiempo", ha expresado este docente, que ha insistido en que la Hispalense es la única universidad española en la que aún no se ha establecido el voto universal ponderado. Una situación que, en su opinión, muchas veces se ha querido justificar por el hecho de que "Sevilla 'is different'". "Pero Sevilla, en ese aspecto, es igual que Salamanca, Madrid o Córdoba. Si todas tienen el sufragio universal será por algo", ha abundado.
Un guiño irónico al pasado
Hierro, no obstante, ha respaldado la propuesta de la US contra la ley Castells, al recordar la importancia que supone salvaguardar la autonomía académica, aunque, eso sí, haciendo un jocoso uso de la ironía ha pedido a Castro que, cuando los nuevos estatutos se aprueben, "no hagamos un Miguel Florencio 2", en relación al episodio que se vivió hace casi dos décadas en la Hispalense, al propiciar también una nueva ley universitaria otra reforma estatuaria, situación que se aprovechó para que el entonces rector afrontara un tercer mandato sin haberse renovado el claustro. Aún hoy se sigue poniendo en tela de juicio este procedimiento. Castro, ante tal intervención, ha contestado a Hierro que la declaración de la US y las argumentaciones dadas hasta el momento "le habían entrado por un oído y le habían salido por otro".
Los claustrales recogen sus credenciales.
En la sesión se han pedido varios minutos de receso para analizar la nueva propuesta de declaración, tras el último párrafo que se había añadido. Tales peticiones han caído en saco roto. El único intermedio que se ha producido en este punto del día ha sido a las 12:30, cuando se ha dado una pausa de media hora previa a la votación final (a mano alzada), que ha acabado con un claro respaldo a la declaración de la US contra la ley Castells. En este pronunciamiento se exige que el articulado de la LOSU permita una mayor autonomía universitaria y garantice una financiación pública más amplia para las instituciones académicas.
Tal ha sido el intento de Castro por conseguir el mayor respaldo posible a estas reivindicaciones que ha llegado a interperlar a la profesora Ariza, causante en cierto modo de la última ampliación de la declaración, para que públicamente mostrara su apoyo a la modificación introducida tras su propuesta. La docente -que ha evitado en esa intervención hacer público su voto- ha admitido que el nuevo párrafo "mejora" la declaración, pero se ha mostrado contundente al recordar que su intención es que se "aclare" el modelo a seguir para la elección del rector, un sistema que la ley Castells establece mediante el sufragio universal ponderado, que únicamente estuvo vigente en la US en las elecciones de 2004, gracias a la reforma universitaria del Gobierno de Aznar.
