El Ayuntamiento de Sevilla del socialista Juan Espadas se defendió ayer las limitaciones de paso y multas que está imponiendo por entrar al centro a los vehículos de alquiler con conductor (VTC), medidas que no aplica a los taxis. Según el gobierno local los VTC, que prestan servicios para plataformas como Uber o Cabify, pueden entrar al casco antiguo de la ciudad, aunque sólo pueden hacerlo por rutas alternativas al taxi. Y aclara que no se les permite acceder al centro por calles como Águilas y otras en las que hay una señalización vertical que prohíbe el paso a todos los vehículos, salvo a residentes y taxis.

“Los VTC tienen vías alternativas para entrar al centro. Hay rutas directas que coge el taxi que no pueden coger los VTC y estos tienen que dar un rodeo”, explicó ayer un portavoz del equipo de gobierno de Espadas. El Ayuntamiento resta importancia a este hecho pese a que los VTC son tan servicio público como los taxis.

El Consistorio considera que no está impidiendo el paso al centro a los VTC, sino el paso por determinadas calles.

Señal que sólo permite bus, taxi y carga/descarga en el acceso a Trajano.

El Ministerio de Fomento confirmó ayer a este periódico que los VTC son un “servicio público”, tanto como lo es el taxi. Lo mismo dice la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta: "las VTC son servicio público. Según el artículo 62 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres 16/1987 de 30 de julio. Los transportes por carretera se clasifican, según su naturaleza, en públicos y privados. Son transportes públicos aquellos que se llevan a cabo por cuenta ajena mediante retribución económica. Son transportes privados aquellos que se llevan a cabo por cuenta propia, bien sea para satisfacer necesidades particulares, bien como complemento de otras actividades principales realizadas por empresas o establecimientos del mismo sujeto, y directamente vinculados al adecuado desarrollo de dichas actividades".

Sin embargo, el Ayuntamiento no parece tener en cuenta este extremo y aplica a los primeros restricciones de paso en el casco histórico que no aplica al taxi. Esas restricciones se refieren a que los VTC no pueden llegar al centro por todas las calles.

Y cuando se le pregunta cómo no garantiza las mismas condiciones de paso para ambos servicios públicos, el gobierno local aduce que no entra en si los VTC son servicio público o no, sino que estos tienen que cumplir la señalización vertical que hay.

“Los tramos del centro señalizados que solo admiten el paso de residentes y taxis son los que los VTC no pueden usar. Son tramos puntuales”, aclara un portavoz del gobierno municipal. El Consistorio no proporciona la lista de calles con limitación de paso a los VTC pero asegura que los conductores de VTC saben bien por qué zonas pueden entrar al centro.

El Ayuntamiento recalca que por el momento el centro de la ciudad no es en sí mismo una zonas de acceso restringido, como lo era con el Plan centro de Monteseirín, salvo en Navidad y en Semana Santa, cuando sí se limita el paso. El equipo de Espadas aclara que únicamente se restringe el paso a algunos vehículos en algunas calles en función de lo que marca la señalización vertical.

En otras capitales

El trato diferente que da el Ayuntamiento de Sevilla a los VTC, frente al taxi, no se observa en otras grandes capitales del país. Ayer el Consistorio mantenía que otras ciudades hacen lo mismo que está haciendo Sevilla con los VTC, pero la realidad es muy diferente. Ni Málaga ni Madrid ni Bilbao aplican condiciones diferenciadas para el acceso al centro a VTC y a taxis.

Un taxi circula por la zona de la Campana, en pleno centro.

Llama la atención que el Ayuntamiento de Sevilla tampoco amplía el concepto de taxi a los VTC en su ordenanza de circulación, aun cuando la realidad es que ambos transportes de servicio público de viajeros conviven en la ciudad.

Empezando por Andalucía, en Málaga el acceso al centro está limitado por cámaras de videovigilancia y se otorgan autorizaciones para acceder a este enclave tanto para taxis como para VTC,sin distinción alguna, según aclara el área de Movilidad. Y estas autorizaciones les permiten entrar y salir del centro por la vía de la lectura de matrículas que efectúan las cámaras. El sistema es similar al que tenía Sevilla con el Plan centro.

En Madrid, el Ayuntamiento confirma que tampoco hay diferencias de acceso para VTC y taxis a la zona de prioridad residencial que es el centreo.

En Bilbao, Movilidad ratifica igualmente que los VTC y taxis pueden acceder al centro sin restricciones.

Libre competencia

En el panorama nacional, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha acordado este lunes con sus autoridades de competencia autonómicas mantener una estrecha vigilancia sobre la regulación que los gobiernos regionales dicten respecto al sector de vehículos de alquiler con conductor (VTC) con el fin de evitar que atenten contra la libre competencia en perjuicio de los ciudadanos.

La CNMC llama a las autonomías a “respetar la competencia de los mercados” cuando entren a regular las VTC. Les pide que toda norma que dicten pondere el interés particular con el general y los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación. El acuerdo se adoptó este lunes, días después de que el Congreso de los Diputados convalidara el Real Decreto Ley que habilita a las comunidades para entrar a regular a los VTC igual que hacen con el taxi.

Rectificación: Cabify no acusa al Ayuntamiento; lo hacen los VTC

En la edición en papel de este martes aparecía en la información de la página 12 el titular “Cabify acusa al Ayuntamiento de vulnerar el derecho de los pasajeros”, cuando la realidad es que el colectivo que hacía esta denuncia son empresas del sector de los VTC, en ningún caso Cabify. Esas empresas del sector de los VTC culparon al Ayuntamiento de Sevilla de vulnerar el derecho de los consumidores con su decisión de restringir el acceso al centro de estos vehículos. Y consideran que la “decisión política” tomada por el gobierno local para evitar la huelga de taxis anunciada para la semana pasada es “arbitraria” e incumple la propia ordenanza de circulación. Concluyen que también puede “vulnerar el derecho del consumidor que viva en el centro” y de los turistas que se alojen aquí.