La ambigüedad de los indicios

NO aterrizó en la actualidad, pero la lleva en su currículum. Un joven le preguntó a la antigua alumna de Derecho Mercedes Alaya por la existencia de un tope en la prescripción de los delitos. "Si un delito se ha cometido en 2001 y empezamos a investigarlo en 2011, tenemos un problema". Sin nombre, sin detalles, la que durante 17 años estuvo al frente del juzgado de instrucción número 6 se estaba refiriendo a la cronología de los ERE. A la década menos prodigiosa en la gestión de los fondos públicos.

Los jóvenes letrados Juan Gonzalo Ospina, presidente de la Asociación de Jóvenes Abogados, y Daniel Puga acompañaron como ponentes a la juez Alaya en una jornada organizada por la Delegación de Alumnos sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una ley de 1882 que ha sufrido cuatro reformas en un año. "La ley es antigua y anticuada", dijo Alaya, "pero no es mala la ley, sino sus reformas". Los organizadores hablan de "pura coincidencia" por la declaración de Chaves y Griñán.

La última pregunta se la hizo Manuel, estudiante de segundo curso: ¿Por qué en los delitos de corrupción no devuelven el dinero defraudado más que la pena en prisión? Alaya debió pensar en la película de Woody Allen. "Si son tramas delictuales o corruptas han tenido tiempo suficiente para esconder el dinero".

De la reforma de la Ley de Enjuiciamento Criminal, que data de un siglo antes de la llegada de los socialistas a la Moncloa, Mercedes Alaya critica que las medidas cautelares dejen fuera "los delitos de prevaricación, malversación o recuperación de caudales, de tráfico de influencias, el delito-tipo de los macroprocesos, delitos cometidos por autoridades o funcionarios públicos que hacen negocios o contratos para obtener un beneficio".

Se habló de la "elefantiasis procesal", nombre técnico de las macrocausas, y Alaya se refirió a tecnicismos jurídicos como la conexividad, la dilación indebida, coartada para encontrar atenuantes a casos de corrupción, o el agente encubierto.

Entre las reformas favorables de la ley, saludó las acusaciones populares, "un precepto que ha sido un error de cálculo por parte del legislador". "Las acusaciones populares que tan mala fama tienen nos permiten a los jueces valorar determinados delitos".

Animó a los futuros abogados a comprometerse "con la sociedad y las sociedades injustas" y reiteró su particular abecedario de que la democracia no es real si no se garantiza la no interferencia del poder ejecutivo y legislativo en el poder judicial. Macroprocesos y macrocausas, términos que en este país, dijo la juez, la gente asocia con "la financiación ilegal de un partido o la financiación ilegal del electorado de otro".

Juan Gonzalo Ospina Serrano, con despacho en Madrid, está convencido de que "hay inocentes en la cárcel". El joven letrado habló de la doctrina Parot, contexto político de un tema después abordado por la juez Alaya. "Es inadmisible, aunque el fin sea tan loable como la lucha contra el delito de terrorismo, que se vulneren derechos fundamentales sin autorización judicial". Si en seis meses de intervención telefónica no se llega a ningún resultado, prolongar la medida no tiene sentido. "18 meses de intervención telefónica es una barbaridad". "Indicios es una palabra muy ambigua, señores". Los hay hasta vehementes, como los del libro de poemas de Ana Rosetti.

Álvaro Rivas, de segundo curso, es el nuevo delegado de esta Delegación de Alumnos. Sergio Letrán, ex delegado, moderó las preguntas con su compañera Pamela. Cerró el acto Pablo Núñez, vicedecano. Al final, como en el programa ¡Qué tiempo tan feliz!, muchos se subieron para fotografiarse con la juez en el estrado. Tocaron a la juez que dice que el tráfico de influencias es "muy intangible". A la prensa la ubicaron en la última fila. En el gallinero. Gallinas tildadas de buitres en el Twitter de alguien del público. La juez Alaya habló del "ruido" de los medios de información.

No quedó una sola butaca libre. La Delegación de Alumnos contabilizó novecientas inscripciones. La alumna de cuarto que tomaba notas había tenido clases de Financiero, Civil y Mercantil. Al final, volvió a la actualidad. "La culpa de las tramas delictuales no la tiene la Policía, la Guardia Civil ni los jueces, sino porque se ha consentido durante mucho tiempo la corrupción política con el conocimiento casi notorio de mucha gente".