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Sevilla

La cifra de abortos crece más del doble durante una década

  • Las clínicas observan un estancamiento tras entrar en vigor la nueva ley, pero confirman el repunte entre las adolescentes y mayores de 40 años · Seiscientos expertos de todo el mundo analizan la situación en Sevilla

Las interrupciones voluntarias del embarazo han crecido más del doble en una década, según los registros oficiales, en Sevilla, ciudad escogida por la Federación Internacional de Profesionales del Aborto y la Contracepción para celebrar desde el pasado jueves su noveno congreso, una cita que ha reunido a 600 expertos de todo el mundo. El encuentro se ha topado con el rechazo de los colectivos antiabortistas, que han aprovechado la ocasión para manifestarse en contra de la nueva ley, aprobada en julio y cuya aplicación está siendo también objeto de debate en Sevilla.

La normativa actual, sujeta aún a una profunda polémica, es conocida como la ley de plazos y ha supuesto una transformación en la actividad de las clínicas dedicadas a practicar abortos. Son dos los centros acreditados en Sevilla para realizar esta intervención, las clínicas Triana y El Sur, que funcionan desde finales de los años 80. "Pese a que los grupos antiabortistas vaticinaron que la ley de plazos provocaría un importante aumento de casos, lo cierto es que en los primeros meses de aplicación ha disminuido el número de mujeres que han llegado a las clínicas para someterse a esta intervención", explica la portavoz de la Asociación Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), Eva Rodríguez, que también directora médica de la clínica El Sur.

En las clínicas de Sevilla se practicaron 1.781 abortos en 1999 frente a los 4.623 que se registraron en 2008, según los últimos datos disponibles de la Consejería de Salud. El perfil medio de la mujer que acude a abortar coincide con el de una joven de entre 20 y 24 años con estudios medios. No obstante, el perfil está cambiando con la llegada a España de inmigrentes, con una cultura en anticoncepción distinta, "y con el repunte, cada vez mayor, de mujeres de 40 años, con hijos, divorciadas y que descuidan los métodos anticonceptivos", explica Eva Rodríguez.

Se estima que, en el ámbito estatal, más de 100.000 mujeres al año son sometidas a interrupciones voluntarias del embarazo y en la inmensa mayoría de estos casos (96,8%) las mujeres se acogían, hasta ahora, al supuesto de grave peligro psíquico para abortar, que se preveía en la ley anterior de 1985. Desde la creación de nueva Ley 2/2010, que entró en vigor el pasado 5 de julio y que afronta el rechazo de los grupos antiabortistas, las mujeres pueden abortar con libertad sin argumentar motivo alguno, hasta un plazo de 14 semanas de gestación. A partir de la semana 22 de embarazo, la interrupción sólo se realizará cuando exista un grave peligro para la vida o para la salud de la mujer; o cuando el feto sufra graves anomalías. Con la legislación anterior (1985) las mujeres sólo podían abortar en tres supuestos: violación, graves malformaciones del feto y peligro físico o psíquico de la embarazada.

Ahora, desde ACAI se advierte de las desigualdades regionales en la implantación de la nueva normativa. "En Andalucía se está realizando con normalidad, porque las clínicas privadas acreditadas mantienen desde hace años conciertos con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para practicar abortos", comenta Eva Rodríguez. No obstante, apunta la oposición de "un importante grupo de profesionales del SAS que se niegan a informar a las mujeres de este servicio".

De hecho, desde 2009, las clínicas sevillanas han detectado un estancamiento en la tendencia creciente de esta demanda asistencial. "El aumento de casos en esa década se debe a varios factores: al crecimiento de la población inmigrante y a los cambios en los hábitos sexuales, sobre todo a la iniciación en la vida sexual desde los 14 años", añade la portavoz de ACAI. En el caso de las mujeres inmigrantes, en Sevilla, suponen en torno al 30% de las intervenciones que se realizan al año. Además, antes las mujeres solían mantener las primeras relaciones a partir de los 18 años, pero ahora muchas jóvenes de 15 ó 16 ya se inician y usan mal los anticonceptivos.

La educación sexual y reproductiva es aún una asignatura pendiente en los centros educativos. Gran parte de los contenidos de la ley de plazos se refiere precisamente a la educación de los más jóvenes. "Es necesario no sólo formar a los alumnos en educación sexual para impedir los embarazos no deseados y prevenir enfermedades, sino también para que aprendan a relacionarse", explica el sevillano José María Bedoya, catedrático en Ginecología y Obstetricia y uno de los sabios nacionales que asesoró al Gobierno ante el cambio de la ley. Para este experto, la nueva ley "es un paso hacia adelante en la libertad de las mujeres, que ahora no tienen que dar explicaciones para tomar una decisión sobre su vida".

Pero sin duda también es un motivo más de protesta y movilización para los grupos que defienden la vida por encima de todo y se oponen al aborto. La polémica suscitada por el congreso de Sevilla da muestra de esta división de la sociedad.

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