La unidad de la Policía Local de Sevilla que investiga los accidentes de tráfico ha entrado en colapso. Los agentes de la Oficina de Gestión de Atestados (OGA) se quedaron hace semanas sin las tablets con las que trabajaban habitualmente, lo que les impedía introducir datos in situ y los obligaba a recabar manualmente la información y luego volcarla en el ordenador de la oficina. Esto provocaba un gran atasco en los trámites.

En los últimos días la situación no ha mejorado, sino todo lo contrario. Los policías de la OGA trabajan con un único ordenador, que dispone de un emulador de la propia aplicación de la gestión de accidentes con la que trabajaban en las tablets. Cada vez que se introducen los datos en el emulador, éste se resetea. Esto ha provocado que haya ya más de 500 correos electrónicos de las diferentes compañías aseguradoras sin responder y multitud de atestados sin tramitar.

No es sólo un problema que afecte a la Policía, sino también a los implicados o perjudicados en los accidentes, que no pueden reclamar indemnizaciones ni reparar sus vehículos, puesto que para ello las compañías necesitan el atestado policial. Así lo denunció este martes el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en Sevilla, que responsabiliza de la cuestión al superintendente jefe del cuerpo, José Medina Arteaga.

El sindicato exigió al máximo responsable de la Policía, y al delegado de Gobernación, Juan Carlos Cabrera, que "de una vez por todas, tome las medidas necesarias para que los integrantes de la OGA puedan realizar su trabajo con dignidad y eficacia, y que los ciudadanos afectados puedan agilizar las tramitaciones de sus accidentes". 

Por otra parte, el Sppme denunció el problema que existe actualmente con los cobros de denuncias en la vía pública, algo a lo que la Policía está obligada por ley. El origen del mismo es el límite de ingresos por cajeros automáticos dispuesto por la entidad con la que el Ayuntamiento trabaja, que es de 3.000 euros. Cuando las sucursales están cerradas al público, los policías no pueden ingresar el dinero y tienen que dejarlo depositado en la Jefatura, "sin medidas de seguridad adecuadas y bajo la responsabilidad de no se sabe quién, todo ello hasta que alguien disponga qué hacer con ese dinero".