Sólo una tercera parte de los centros educativos de Sevilla que tienen la ESO concertada ha solicitado la adscripción al Bachillerato de un instituto público. Se trata de uno de los datos dados a conocer esta semana en el consejo escolar provincial, que ha mantenido la primera reunión de cara al próximo proceso de escolarización, que comenzará el 1 de marzo. 

Hasta ahora, los alumnos que acudían a colegios concertados -que ofertan plazas sostenidas con fondos públicos en la Secundaria- carecían de prioridad a la hora de escolarizarse en un instituto público donde estudiar el Bachillerato. La Consejería de Educación ha querido acabar con esta situación. Por tal motivo, el pasado octubre abrió un plazo con el fin de que los centros que se encontraran en tal coyuntura solicitaran la adscripción a un IES para que sus estudiantes cursaran allí, preferentemente, la enseñanza preuniversitaria. 

Esta medida, sin embargo, no ha tenido la acogida esperada por la Administración pública, según se desprende de las cifras aportadas en la primera reunión del consejo provincial escolar. Según fuentes que asistieron a dicho encuentro, en la provincia de Sevilla existen 96 centros que tienen concertada la ESO. Pues bien, de ellos, sólo 35 pidieron la adscripción, mientras que 61 no realizaron el citado trámite. Por tanto, poco más de una tercera parte contará con la mencionada posibilidad el próximo curso. 

Entre los colegios que no dispondrán de la adscripción a un instituto público para estudiar el Bachillerato se encuentra el Calderón de la Barca, en pleno Casco Antiguo de la capital andaluza, donde, según se percataron las familias vinculadas al centro y confirmó la Consejería de Educación, cuando el equipo directivo solicitó esta medida, ya se había cumplido el plazo. La Administración se mostró "inflexible", al alegar de que se trata de un "procedimiento reglado". 

Nuevas aulas matinales y comedores

En el consejo escolar provincial también se ha informado de que los colegios públicos contarán con seis aulas matinales nuevas el próximo curso, cuando también incorporen el servicio de comedor ocho centros (ninguno concertado).

No habrá novedad alguna en el mapa de escolarización de las localidades sevillanas, cuyo cambio debe ser solicitado por los consejos escolares municipales. Así, en el caso del de Sevilla, se mantienen los 11 distritos educativos, que marcan la zona de influencia de los colegios públicos y concertados, es decir, donde las familias tienen prioridad para elegir plaza por su cercanía, que es lo que más puntuación otorga (14) en la baremación, al igual que tener un hermano ya estudiando en dicho colegio. 

Este consejo provincial no ha estado exento de críticas. La federación de AMPA públlicas (Fampa Nueva Escuela) rechazó la propuesta de zonificación (la misma del año pasado) al argumentar que no se había enviado el informe previo a quienes integran el consejo, "de forma que tan sólo se facilitó en la convocatoria el orden de los puntos del día y el borrador del acta". "Además, nos negaron la posibilidad de votar aun cuando en el acta sí se recogía dicha aprobación, puesto que alegaron que esta zonificación no había sufrido cambios y se mantenía la del curso anterior", advierte la Fampa Nueva Escuela. 

En contra de la Lomloe

La federación de AMPA públicas también advierte que, pese a los cambios introducidos en el decreto que regula el proceso de escolarización, sigue "contraviniendo" la ley Celaá, al priorizar la demanda social, tanto en la planificación de la oferta como en la asignación de las plazas sostenidas con fondos públicos. A ello añade que "por más que la pedimos, la delegación no nos suministra la información de la previsión de unidades escolares de la pública y de la privada concertada y pretende negar lo evidente: que la zonificación influye directamente en la escolarización".

A este respecto, la federación de enseñanza de CCOO ha alertado este jueves de que la Consejería de Educación está informando a los centros educativos públicos del cierre de unidades el próximo curso por el previsible descenso de la demanda de escolarización, fruto de la bajada de la natalidad. Fuentes del departamento que dirige Javier Imbroda explican que lo que se les está enviando a los centros estos días es una "previsión" del número de unidades con las que contarán en función de los alumnos a matricular. Unas cifras que no son "definitivas" hasta septiembre, cuando se cierren las listas y se tenga en cuenta también la "escolarización sobrevenida". En los institutos, además, estas unidades unirán, ya que allí llegan ahora los alumnos que nacieron antes de la crisis de 2008, cuando empezó a bajar la natalidad. 

En algunas localidades se ha recibido con bastante recelo dicha información, como en Mairena del Aljarafe, donde las AMPA se han manifestado este jueves ante el temor de que se cierren cinco unidades. En la capital, el Colegio Vara del Rey también podría perder unidades de alumnos de tres años, con el argumento de que la ratio se mantiene en 20 escolares. Una merma que se produce pese a la entrada en vigor de la ley Celaá, que en sus preceptos establece que, en caso de cierre, la primera en sacrificarse ha de ser la red concertada, aunque registre más demanda que la pública.