Coacciones y menosprecios por parte de algunos taxistas. Esto es lo que denunciaron los funcionarios del Instituto del Taxi en septiembre de 2014 ante el Ayuntamiento de Sevilla, entonces gobernado por Juan Ignacio Zoido.El escrito, que está fechado el 30 de septiembre de 2014, fue precisamente suscrito por cinco funcionarios del Instituto del Taxi que ponían en conocimiento de sus superiores que habían sufrido “coacciones” para que no se exigiera a los taxistas los documentos que establece la ordenanza municipal reguladora del servicio de transporte público de personas en automóviles de turismo, “consiguiendo su propósito”.En el documento, los funcionarios no duda en poner de manifiesto que la “agresividad en el mostrador” se ha ido incrementando con el paso del tiempo, sin que “por parte de la dirección se haya amparado a los funcionarios que son menospreciados por algunos taxistas”, denuncian.En este sentido, criticaban que se había “incumplido una vez más la promesa” de colocar un control de entrada para el acceso al Instituto del Taxi, al igual que lo tiene el resto del área de Movilidad.Fuentes municipales explicaron ayer a este periódico que esta situación se producía porque en el época del gobierno del PP el acceso de los taxistas al Instituto –que se ubica en la sede de la Jefatura de la Policía Local de la Ranilla– se hacía sin necesidad de que estos tuvieran que pasar por el control policial a la entrada de la Jefatura y, por tanto, sin necesidad de que se identificaran. Ese acceso se cambió, en una fecha que las fuentes consultadas no han podido precisar, y en la actualidad los taxistas o las personas que acuden a la sede del Instituto del Taxi deben atravesar el control policial de acceso al edificio, como cualquier ciudadano.En el escrito remitido por los funcionarios del Instituto del Taxi se reiteraba igualmente que “no existe personal suficiente para cumplir los objetivos que se han marcado para el Instituto del Taxi y el anuncio de que no habrá ningún cambio para solucionar este problema”.Los funcionarios, que exigían una solución “inmediata” para este problema, se quejaban asimismo de que las personas que en ese momento estaban encargadad de la realización del “visado de la licencia” no eran inspectores, por lo que solicitaban que se procediera al nombramiento de los mismos, conforme a los estatutos y a la nueva ordenanza.Las quejas de los funcionarios del Instituto del taxi en la etapa del anterior gobierno municipal se unen a la preocupante herencia que el entonces alcalde de Sevilla y ex ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, dejó tras su paso por la Alcaldía, en el periodo 2011-2015, cuando se dejaron sin tramitar casi 800 denuncias por infracciones cometidas por taxistas, lo que refleja un auténtico colapso en la tramitación de las multas por la falta de personal.Según los datos a los que ha tenido acceso este periódico, la Policía Local tramitó 1.094 denuncias entre junio de 2011 y mayo de 2015, de las cuales 794 denuncias están pendientes del inicio de las actuaciones, es decir, no se ha hecho ninguna actuación y muchas de las cuales han prescrito.