Unas 800 denuncias del taxi sin tramitar, la mayoría de las cuales han prescrito por el paso del tiempo. Ésta es la preocupante herencia que el anterior alcalde de Sevilla y ex ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, dejó tras su paso por la Alcaldía, en el periodo 2011-2015, en relación con las infracciones cometidas por taxistas y que reflejan un colapso en la tramitación de las multas debido principalmente a la falta de personal.

Según los datos a los que ha tenido acceso este periódico, la Policía Local tramitó ante el Instituto del Taxi un total de 1.094 denuncias entre junio de 2011 y mayo de 2015, relacionadas con diversos aspectos como las infracciones en materia de seguridad vial, infracciones a las ordenanzas municipales o quejas de los ciudadanos por la actuación de los profesionales del sector del taxi, como por ejemplo que hubiesen recibido un trato incorrecto o haber tenido un problema con el cobro por el servicio prestado.

De estas 1.094 denuncias recibidas en los cuatro años de mandato de Zoido, 227 fueron tramitadas, es decir, se inició el procedimiento sancionador y se concluyó con el dictado de la resolución o, en su caso, el archivo tras el informe correspondiente. En otros 73 casos se inició la actuación, pero no ha finalizado, y en algún caso ya se ha producido la prescripción de la infracción al haber transcurrido el plazo legal establecido. El resto, 794 denuncias de la Policía Local, están pendientes del inicio de las actuaciones, es decir, no se ha hecho ninguna actuación sobre las mismas, muchas de las cuales también han prescrito.

Cuando en 2015 se produce el relevo en la Alcaldía y, por tanto, la llegada a la delegación de Movilidad y Seguridad de Juan Carlos Cabrera, este edil se encuentra que tiene más de 800 denuncias, en concreto, 867, que se desglosan en los 794 boletines que no han recibido ninguna tramitación y los 73 en los que se ha iniciado el expediente, pero sobre los que hay que analizar la situación y continuar con su tramitación si corresponde, ya que muchas han prescrito en esos cuatro años.

La dirección general de Movilidad tenía conocimiento del colapso de las denuncias

El retraso en la gestión de estos expedientes y su traducción en la prescripción de muchas posibles sanciones se debe a la falta de medios personales en el Instituto del Taxi, según se expone en varios documentos remitidos al entonces director general de Movilidad del Ayuntamiento, de lo que se desprende que el gobierno de Zoido era consciente de la situación y de la "sensación de impunidad existente", según refleja unos de los documentos que se adjuntan a esta información, relacionado con una denuncia de la Policía Local a un taxista que extendía recibos "no oficiales" por el servicio prestado. En esta actuación, que tuvo lugar el 12 de diciembre de 2013, los agentes se incautaron de uno de estos recibos entregados a una usuaria, que había denunciado al taxista, y otros 57 recibos no oficiales sin uso.

En el documento se pone de manifiesto precisamente que a la falta de medios del Instituto del Taxi se suma la dificultad de obtener pruebas, donde se cuenta no sólo con la denuncia del ciudadano, sino con la de la propia Policía Local que ha intervenido los recibos no oficiales.

En otro de los escritos, de octubre de 2014, la dirección general de Seguridad y Movilidad ordenaba al Instituto del Taxi que el jefe de sección se dedicara "en exclusiva" a la tramitación de los expedientes sancionadores de denuncia y a las denuncias "por intrusismo", cuya competencia del Instituto había quedado "perfectamente aclarada" por un informe del secretario general del Ayuntamiento. Movilidad adoptó esas medidas "excepcionales" para tratar de hacer que los plazos fuesen admisibles y no superaran el mes.

Desde el Instituto del Taxi habían informado previamente a Movilidad de que con los medios de que disponía no era posible abordar sus competencias en los expedientes por las denuncias formuladas contra los taxistas, ya que se acumulaban "retrasos de un año", mientras que en el caso de las denuncias por intrusismo, la demora era un mayor.

El Instituto del Taxi certificó en 2014 retrasos de más de un año en los expedientes

En un tercer documento, fechado el 17 de mayo de 2013, el jefe de adjunto de servicio del Instituto del Taxi había alertado asimismo a la dirección general de Movilidad de que se encontraban pendientes de tramitar "múltiples denuncias, tanto de la Policía Local como de particulares, así como notificaciones, respuestas a diversas solicitudes, solicitud de transmisiones, etcétera", una labor que en ese momento estaban llevando a cabo el jefe de Sección y el adjunto de sección, mientras que dos auxiliares administrativos y el jefe del grupo auxiliar, se dedicaban a la atención al público en el horario habilitado para ello -de 09:00 a 13:00-, y el resto de la jornada desarrollaban labores de archivo, registro de entrada y salida, así como de atención telefónica.

La carta remitida al director general de Movilidad del gobierno de Juan Ignacio Zoido concluía exponiendo que "no es posible, en las condiciones actuales, que el Instituto del Taxi se pueda hacer cargo de la tramitación de dichas denuncias de intrusismo, sería necesario para ello dotar al servicio de más personal técnico y administrativo".

Las 800 denuncias que no se tramitaron en la etapa de Zoido contrasta, al menos en términos cuantitativos, con la gestión que ha realizado el actual gobierno local de Espadas y de Juan Carlos Cabrera al frente de la delegación de Seguridad y Movilidad. Así, entre junio de 2015 y diciembre de 2017, la Policía Local ha tramitado 683 denuncias por la actividad del taxi. De esos boletines, 182 han sido tramitadas por completo; otras 290 se han iniciado y están en curso; mientras que de las 211 restantes, 101 están pendientes de inicio de resolución y otras 110 corresponden al último cuatrimestre del año.

Para paliar la falta de personal, la junta de gobierno del Ayuntamiento ha autorizado a los funcionarios del Instituto del taxi a realizar horas extraordinarias para paliar la gravedad del retraso.