Una enorme paradoja. El Ayuntamiento de Sevilla ha defendido en público durante los últimos meses que la inauguración del complejo comercial Metropol Parasol, situado en la Plaza de la Encarnación, contribuirá a revitalizar el sector Norte del casco histórico de Sevilla, cuya renovación urbana se ha confiado exclusivamente a esta obra, a la remodelación integral de la Alameda de Hércules y a la rehabilitación (parcial) del convento de Santa Clara.

Estos tres proyectos, según la tesis oficial del Consistorio, iban a permitir romper el desequilibrio histórico que desde hace lustros existe entre los dos grandes territorios de la Sevilla antigua, donde conviven un vértice Sur lleno de actividad comercial y administrativa y un sector Norte de corte principalmente residencial y origen mucho más popular en el que la ausencia de equipamientos públicos ha sido una constante secular. La frontera física entre ambas zonas urbanas vendría a ser el eje Puerta Osario-Puerta Real. Una línea imaginaria que equivaldría al decumano de la Sevilla histórica.

Los datos, sin embargo, revelan que el gobierno local que preside Alfredo Sánchez Monteseirín ha gastado casi todos los recursos económicos disponibles exclusivamente en estos tres proyectos (probablemente buscando lograr el mayor impacto mediático posible) a cambio de olvidar el ambicioso programa de cohesión social previsto en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Este documento, donde se define el modelo urbano del que han hecho bandera política los socialistas e Izquierda Unida, se aprobó de forma definitiva en 2006. Hace ahora algo más de cuatro años. En su capítulo dedicado al casco histórico, sus redactores planteaban una serie de operaciones de remodelación urbana en el interior del sector Norte del centro cuyo objetivo esencial era tratar de salvar el histórico déficit de equipamiento de esta parte de Sevilla.

Casi un lustro después, ninguna de ellas está en marcha. Lo que implica que el capítulo más importante del PGOU (el relativo a la cohesión social) sigue siendo papel mojado a pesar de los aparentes avances conseguidos en barrios como la Alameda de Hércules (donde la renovación urbana ha encarecido el precio del suelo y ha expulsado a antiguos residentes tradicionales) o de iniciativas de ámbito cultural como la recuperación de Santa Clara.

Las previsiones del Plan General contemplaban incrementar los espacios destinados a las dotaciones comunitarias (colegios, equipamientos sociales, instalaciones deportivas y centros educativos) en 35.000 metros cuadrados. Un reto nada fácil si se tiene en cuenta que el corazón de la ciudad no cuenta con mucho terreno libre para este fin. El documento urbanístico, consciente de este factor, planteaba la obtención de los suelos necesarios por dos vías: las reformas interiores (operaciones urbanísticas que transforman determinadas áreas intramuros y ganan nuevos espacios) y la expropiación previo acuerdo de determinados edificios y solares.

Reformas interiores se diseñaron siete. Actuaciones simples de equipamiento, según la terminología del PGOU, diez. Todas ellas, según el propio calendario de ejecución del Plan General (asumido por las tres administraciones públicas), debían haberse concluido durante los primeros cuatro años de vigencia del documento urbanístico. Antes de 2011.

La realidad, sin embargo, ha sido diferente: casi ninguna de estas operaciones está terminada y las pocas que han logrado echar a andar no han salido de su primera fase de tramitación. Lo que significa que el cumplimiento de las previsiones sociales del PGOU en esta parte de la ciudad no alcanza ni siquiera el 30%. Un porcentaje ridículo si se tiene en cuenta que los proyectos deberían estar ya terminados. Actualmente, dos tercios de la población total del centro viven en el sector Norte.

¿Cuáles son las razones del retraso? Esencialmente la falta de diligencia, en unos casos, o de presupuesto, en otros, tanto del Ayuntamiento como de la Junta de Andalucía, que incluso tiene una oficina de rehabilitación específica dedicada al norte del centro. Ninguna de estas dos instituciones ha impulsado los mecanismos de gestión urbanística necesarios para obtener los suelos donde construir las dotaciones vecinales. Tampoco han licitado las obras necesarias para su construcción, algo comprensible si se tiene en cuenta que resulta absurdo adjudicar una obra que, legalmente hablando, aún no tiene lugar donde ubicarse. Con independencia de los espacios cuya titularidad es privada (y que por tanto deben ser objeto de un cambio de propiedad) al menos cabía la posibilidad de actuar en los solares de titularidad pública. Tampoco: las únicas operaciones abordadas hasta el momento (el centro deportivo en la calle San Luis y el ambulatorio de la calle Inocentes) ya estaban contempladas en documentos antiguos. El centro de salud, además, se ha pagado con dinero municipal a pesar de ser una dotación autonómica.

La Junta contaba para su plan de rehabilitación del norte del centro con 108 millones de euros que, teóricamente, debían permitir obtener algunos de los terrenos necesarios para construir los nuevos equipamientos. Pero la mayoría de los expedientes de expropiación no han llegado a iniciarse. La única actividad de la oficina autonómica de rehabilitación concertada se limita a subvencionar proyectos de reforma de viviendas, aunque con resultados muy discretos en comparación con el balance de otras urbes andaluzas, como Cádiz.

En el caso de Urbanismo, el problema es sencillamente de mala gestión y de falta de iniciativa. La Gerencia, según el PGOU, debía conseguir los suelos necesarios para reequipar estos barrios a través de expedientes de expropiación o mediante acuerdos  con sus dueños. Al mismo tiempo tenía que desarrollar en el ámbito del planeamiento todas estas operaciones: aprobar los planes especiales o los estudios de detalle que requieren las reformas interiores y sacar adelante la negociación económica con los afectados.

El saldo tras cuatro años es paupérrimo. Sólo se han iniciado las obras en uno de los espacios elegidos (los Baños Árabes situados en la calle Vera Cruz), que tienen problemas de ejecución desde 2008, y se han demolido las edificaciones existentes en otro enclave designado por el PGOU: las naves de San Luis. Todos los demás proyectos están en fase de tramitación o parados. Su horizonte de ejecución además es indeterminado. Los vecinos del norte del casco histórico siguen con el mismo déficit de equipamientos que hace cuatro años. Algo que, según el PGOU, ya debería haberse arreglado. Para ellos el futuro prometido no llegó nunca.