Si las 69 manchas de futuros suelos residenciales y productivos (5.335 hectáreas) que el Potaus ha colocado en el mapa del área metropolitana se llevasen a cabo, la inversión oficial podría superar los 25.000 millones de euros y se generarían alrededor de 220.000 nuevos empleos. El plazo de referencia "indicativa" son diez años.

Son las cifras con las que el consejero quiso poner el acento en la repercusión que tendrá para toda Sevilla el desarrollo del documento, para el que pretende además "un consenso máximo", dijo. "El objetivo es movilizar recursos económicos", añadió Juan Espadas, y apuntó que cuando el Potaus esté en vigor, previsiblemente a inicios de 2009, se dará más "seguridad jurídica" a los proyectos que quieran instalarse en la zona, un aspecto que, según ha denunciado con insistencia el PP, ha faltado por la avalancha de distintas normativas en materia de urbanismo con nuevos criterios (la LOUA, el POTA, el Potaus) que, en la Gran Sevilla, ha frenado la inversión al menos un año antes de que lo hiciera la crisis económica.

Preguntado sobre la respuesta a las alegaciones que presentaron colectivos conservacionistas, que alertaron de que el área está ya saturada y que incluso había que recortar las áreas incluidas en el borrador, Espadas aseguró que "el plan da respuesta al territorio tal y como está" y que se preservan zonas importantes, entre las que citó áreas de Castilleja de Guzmán o el Riopudio. En el documento se han incluido además dos nuevas estaciones de teratamiento de agua y 15 depuradoras, mientras que se ha apostado por las energías renovables (hay en trámite proyectos que suman más de 2.000 megavatios) para cubrir las necesidades energéticas.