El juicio por el presunto amaño de las oposiciones de la Policía Local de Sevilla, en el que están procesadas 45 personas -entre ellas 37 policías locales-, podría retrasarse hasta el año 2019 si finalmente se declara la competencia de la Audiencia de Sevilla para enjuiciar este caso, como ha pedido uno de los implicados.

El juez de lo Penal número 10 de Sevilla celebró este martes una vista, a la que sólo fueron convocados la Fiscalía y los abogados de la acusación particular y de la defensa, para que cada parte expusiera su opinión sobre si es el juzgado o la Audiencia la que debe enjuiciar este caso, que comenzó a ser investigado por la Fiscalía en el año 2012, hace ya cinco años.

El Ministerio Público pidió este martes al juez de lo Penal que mantenga su competencia para celebrar el juicio, frente al criterio de las defensas, que consideran que debe ser la Audiencia la que celebre la vista porque alguna de las acusaciones particulares reclaman hasta seis años de prisión y diez de inhabilitación, lo que determinaría que al tratarse de una pena superior a los cinco años la competencia sería de la Audiencia.

En la vista celebrada este martes, las acusaciones adaptaron sus escritos de conclusiones a las peticiones del Ministerio Público, que reclama cuatro años de inhabilitación para los agentes que lograron las plazas en las oposiciones bajo sospecha y 13 años de inhabilitación y multa de 5.400 euros para el superintendente de la Policía Local Juan José García.

Entre los opositores beneficiados por la filtración del examen y que se sentarán en el banquillo se encuentran familiares de mandos, agentes y sindicalistas, entre ellos un hijo del presidente del Sindicato Profesional de Policías Municipales (Sppme-A), Manuel Bustelo.

Si finalmente el juez de lo Penal decide mantener su competencia para enjuiciar el caso, como parece probable, el inicio de la vista se fijaría para el 11 de septiembre de 2018, dado que la decisión que adopte el juez podría ser recurrida ante la Audiencia, que necesitaría varios meses más para resolver esta controversia jurídica, de ahí que el juez haya dejado ese margen de un año para el comienzo del juicio.

Si por el contrario, la Audiencia asumiera la competencia de este caso, el inicio del juicio sufriría un retraso aún mayor, dada la sobrecarga de asuntos que tienen actualmente las secciones de lo Penal, que están recibiendo ya numerosos sumarios de las macrocausas de los ERE y de las supuestas irregularidades en las ayudas de Invercaria.

En este supuesto, el inicio del proceso podría demorarse hasta el año 2019 o incluso más, en función de esa carga de trabajo de las secciones penales, según indicaron ayer fuentes del caso.

El juicio estaba previsto que comenzara este martes, pero el juez de lo Penal decidió suspenderlo tras recibir una comunicación de la Audiencia indicando que se había estimado un recurso de una de las defensas para que se procediera al "volcado integral" de uno de los discos duros que contienen información sobre esta caso. El juez argumentó la suspensión en que esta operación de volcado de los discos duros "va a conllevar un empleo de tiempo considerable y debe hacerse con carácter previo al juicio".

En cualquier caso, la demora en el enjuiciamiento beneficia a los acusados, dado que en la tramitación de la causa podría apreciarse una circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, que supondría una rebaja considerable de la pena en el supuesto de que se dictara una sentencia condenatoria.