La ofensiva contra Bolaños

EN la sede regional del PP de la calle San Fernando suenan tambores de guerra. Una guerra que, traspasando las amplias barreras de la política, donde parece que cabe casi todo, se dirige por primera vez contra un representante de la judicatura. El objetivo es María Núñez Bolaños, la juez que investiga las macrocausas después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidiera apartar de estos sumarios a Mercedes Alaya.

La guerra que ha iniciado el PP de Juanma Moreno tenía su propio calendario, pero se ha anticipado unos meses. En principio estaba previsto que la campaña de desprestigio contra la magistrada se iniciara a la vuelta de las vacaciones de verano, el próximo otoño, coincidiendo con la apertura del año judicial, pero los últimos avatares relacionados con las distintas investigaciones judiciales, han llevado a los populares a comenzar la ofensiva.

El primer acto contra Bolaños ha consistido en presentar una queja ante el CGPJ, el máximo órgano de gobierno de los jueces, ante el que han denunciado a la instructora por la supuesta predisposición al archivo de la causa de la formación y que afecta, según los populares, a la imparcialidad de la instructora. El CGPJ ha recibido la queja, que ya está en manos del promotor de la acción disciplinaria, el magistrado del Tribunal Supremo Antonio Fonseca-Herrero, que puede archivar de plano la denuncia o dar traslado a María Núñez Bolaños para que presente alegaciones.

Lo curioso es que la queja del PP ha llegado después de que la propia Fiscalía Anticorrupción haya sostenido que no aprecia delito en la resoluciones de exoneración que acordó la Junta en relación con las subvenciones a la formación y de que el Tribunal de Cuentas haya descartado igualmente menoscabo de fondos públicos en estas ayudas. Si la Fiscalía, que es el garante de la legalidad del procedimiento, y el Tribunal de Cuentas -en su ámbito contable-, coinciden con el planteamiento de la magistrada, que no ha visto nada más que irregularidades administrativas y no delitos, será que efectivamente no hay ninguna infracción penal. Cabe recordar que estas consideraciones se refieren exclusivamente a la pieza política de la macrocausa de los cursos, donde todos los interventores provinciales que han declarado han advertido que sólo detectaron irregularidades administrativas, pero no delitos.

Nadie ha dicho, por ahora, que se vayan a archivar otras piezas en las que se investigan por ejemplo las millonarias ayudas concedidas a los entramados empresariales del ex consejero Ángel Ojeda o del ex vicesecretario del PSOE-A Rafael Velasco. En ambos casos, la instrucción continúa.

La ofensiva del PP contra la juez Bolaños no ha pasado desapercibida para las asociaciones profesionales de jueces. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Francisco de Vitoria han criticado lo que denominan una "tendenciosa campaña sobre el caso de los ERE", de inspiración "partidista" y con el evidente objetivo de condicionar la labor de la titular del juzgado que instruye el caso, "insinuando de forma insidiosa y sin la más mínima base, que tiene predisposición hacia una parte y hasta que oculta y destruye pruebas", en alusión a un escrito del PP en el que se ponía de manifiesto que el juzgado le entregó unas grabaciones de los cursos de formación que estaban "incompletas".

Pero el PP se ha quedado solo en la guerra contra Bolaños. Lo que resulta cuanto menos paradójico es que los populares emprendan esta campaña contra Bolaños y no dijeran ni pío cuando la instrucción estaba en manos de Mercedes Alaya. Y no será porque no haya aspectos relacionados con la anterior instructora que también pudieran ser objeto, cuanto menos, de una crítica severa. Esta misma semana hemos conocido que Bolaños ha encontrado hasta 31 documentos que datan de la época de Alaya, algunos remiten a los años 2011 y 2012, que ni siquiera cuentan con fecha de registro de entrada en el juzgado.

Entre esos documentos supuestamente extraviados o que no estaban incorporados al sumario de los ERE hay un oficio del Ministerio de Industria en relación con la Faja Pirítica de Huelva -esa investigación en la que por cierto la Guardia Civil ha implicado a dos ex altos cargos del Gobierno de Aznar- donde se pone de manifiesto que "no se tiene constancia de la existencia del Plan Único del Gobierno central para paliar la crisis" minera onubense; ni tampoco figuran oficios de la Policía y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Pero tampoco se incorporaron a la causa documentos remitidos por la Agencia Tributaria sobre los servicios facturados por Juan Francisco Trujillo -el ex chófer de Javier Guerrero-, y oficios del Tribunal Supremo sobre autos en los que aparecen los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El extravío de los documentos se suma a lo que en esta misma sección llamamos "El misterio de la Caja 5", donde un pertinaz abogado, Antonio Uceda, descubrió entre las 100 cajas de documentos que no han sido escaneados unos documentos que contradecían una de las afirmaciones que los peritos del Estado realizaban sobre las transferencias de financiación, al demostrar este letrado que no se ha ocultado el sistema utilizado para pagar las ayudas de los ERE a la intervención delegada en la Consejería de Empleo.

La guerra contra Bolaños ha comenzado formalmente con la queja ante el CGPJ, pero vendrán nuevos episodios a la vuelta del verano porque el PP no puede perder la baza que suponen estas causas y hace política -como todos los demás- utilizando los tribunales. Curioso cuando a los políticos se les llena la boca diciendo que no hay que politizar la Justicia. Y no olvidemos que los jueces son la última frontera contra la arbitrariedad de los otros dos poderes.