La octava reforma educativa de la democracia española ha vuelto a abrir un viejo debate: la concertación de la enseñanza privada. Una polémica en la que se enfrentan, en demasiadas ocasiones, posturas más apoyadas en alegatos ideológicos que en la realidad que se vive en las aulas de estos centros que, en muchos de ellos, dista bastante del estereotipo creado a lo largo de los años. Si bien es cierto que muchos colegios concertados se encuentran en barrios de economía media-alta, también lo es que bastantes prestan dicho servicio en zonas muy desfavorecidas, donde viven familias con rentas bajas y en riesgo de exclusión social, que buscan en estas escuelas un porvenir mejor para sus hijos. 

Para comprobar esta realidad, Diario de Sevilla se ha trasladado a tres centros concertados donde hay escolarizado un alto volumen de alumnos que procede de barrios con necesidad de transformación social. El primero de ellos es el Colegio Pontífice Pablo VI, que desde 1966 atiende a los vecinos de Juan XXIII y Rochelambert. Su director, José Carlos Domínguez, explica que la población de esta zona posee una renta familiar media-baja, a lo que suma la "gran diversidad de procedencias". Lejos de la imagen que se ha creado sobre el tipo de estudiantes que acude a los concertados, Domínguez subraya que una de las características del alumnado de dicho centro es "la heterogeneidad, tanto a nivel socioeconómico, como cultural y educativo".

Este colegio se creó bajo la tutela del sistema preventivo de San Juan Bosco, que define la labor educativa de la orden salesiana. Fue tal la aceptación recibida en sus inicios, que al poco tiempo de ponerse en marcha el centro tuvo que ampliar sus primitivas instalaciones y pasar a 16 aulas. Después vendría la época de los primeros conciertos, en la década de los 80, que, no sin dificultades, permitió llegar a la actualidad, cuando atiende a 780 alumnos de Primaria y ESO, "de una variada índole". 

Familias en paro o en ERTE

Se trata, como explica Domínguez, de alumnos a cuyas familias la pandemia "ha golpeado duramente". "La mayoría están empleadas en el sector servicios y muchas se encuentran actualmente en situación de paro o en ERTE", explica el director del Pontífice Pablo VI, que abunda en que la comunicación con los padres constituye uno de los ejes principales del proyecto educativo del centro. "El seguimiento de este proceso de enseñanza se realiza a través de numerosas tutorías, reuniones y con la necesaria implicación de las familias", añade.

La diversidad cognitiva de los alumnos que reciben es tratada en este concertado a través de un plan de atención específica, con unidades de apoyo a la integración, que atiende a más de 40 alumnos de diferentes etapas educativas. A este respecto, el director indica que el centro lleva más de un lustro solicitando una segunda aula de esta tipología ante el elevado número de menores que la necesitan, aunque siempre reciben la respuesta negativa de la Junta de Andalucía al alegar que "no hay partida presupuestaria". 

Clase de ESO en el Pontífice Pablo VI.

La pandemia y la digitalización a marchas forzadas que se ha vivido en las aulas llevó al Pontífice Pablo VI a desarrollar un plan de enseñanza telemática que logró, pese a la brecha digital que sufren muchas familias, que los alumnos pudieran seguir las clases de forma virtual. Este curso, además, se ha incluido la plataforma Alexia para mantener la comunicación constante con los padres y también se ha puesto en marcha la plataforma G-Suite para perfeccionar la formación on line. 

Este centro tuvo doble zona de escolarización el pasado proceso de escolarización, al tener también preferencia en él los niños del Polígono Sur. No obstante, su director entiende que la propuesta de la Junta "parte de una premisa equivocada, ya que si nos hubiesen concertado el segundo ciclo de Infantil, con toda seguridad tendríamos dos aulas completas con alumnos de ambas zonas". "Con la configuración de los centros es difícil que las familias quieran cambiar a sus hijos en Primaria, que es el nivel de entrada en nuestro colegio. Como consecuencia, sólo tuvimos solicitudes para primero de la ESO, que no pudimos atender, debido a la alta demanda que registramos", explica Domínguez.

La enseñanza diferenciada, en el punto de mira

No muy distinta es la realidad social que se vive en el Colegio Altair, un centro de enseñanza diferenciada de la obra corporativa del Opus Dei, que atiende este curso a 1.273 alumnos, desde Educación Infantil hasta Bachillerato y FP. Creado en 1967, se encuentra en una de las zonas más castigadas de Sevilla por el paro, el Distrito Cerro-Amate, donde presta servicio a menores procedentes de las barriadas del Trébol, Juan XXIII, García Lorca, La Plata, Padre Pío, Los Pajaritos, el Cerro del Águila, Su Eminencia y Palmete.

Esteban Guerrero, director del Altair, recuerda que, según un estudio del Ayuntamiento de Sevilla, esta zona es de las de menor renta de la ciudad y de las más pobres de España. De hecho, la oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de Amate es la que mayor porcentaje de inscritos en el paro tiene de toda Sevilla. "La mitad de la población activa del barrio de Los Pajaritos, de donde proceden algunos alumnos del colegio, está sin trabajo, según datos oficiales, y en muchos casos desde hace más de 15 años", asevera Guerrero.

Una maestra del Colegio Altair atiende a los alumnos de Infantil.

Una situación que se ha visto empeorada con la pandemia. Según un informe elaborado por técnicos y epidemiólogos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), es el distrito de la capital andaluza donde hay actualmente una mayor tasa de contagios por Covid-19 y donde los efectos de la pandemia han golpeado aún más la maltrecha economía de unas familias de "clase obrera", que son las que abundan en estos barrios y las que escolarizan a sus hijos en el Altair.

Además de la enseñanza reglada y de los distintos programas culturales, deportivos y solidarios que cada curso se ponen en marcha, en este colegio concertado adquiere especial importancia la figura del preceptor, esto es, el tutor de los alumnos que se encarga de diseñar un plan individualizado de ayuda y mejora para cada uno de ellos. Con tal fin, se reúne con cada estudiante una vez al mes para ayudarle en su labor formativa. Igual hace con los padres, con los que mantiene, al menos, un encuentro cada trimestre con el objetivo de "sacar lo mejor del alumno". A las familias también se les ofrece la posibilidad de acudir a cursos de orientación, con sesiones mensuales, en las que se les aportan instrumentos para mejorar su tarea educativa como padres.

Los colegios diocesanos

El tercer centro al que se ha acudido es al Colegio Corpus Christi, un concertado situado en la Avenida de las Razas y que atiende a un elevado número de estudiantes que viven en el Polígono Sur, donde un autobús los recoge cada día. Este centro pertenece a la Fundación Diocesana de Enseñanza Victoria Díez, cuyo presidente es el arzobispo de Sevilla. Acoge las escuelas parroquiales creadas en la provincia entre la década de los 40 y 60 del pasado siglo, que prestaban ya por aquel entonces un servicio educativo esencial en determinadas zonas con alto índice de analfabetismo.

Estos fines siguen vigentes en centros como el Corpus Christi que, pese a estar situado en el Distrito Bellavista-La Palmera, atiende a una gran cantidad de menores de las Tres Mil. "La demanda de escolarización en este colegio ha crecido un 50% los últimos cinco cursos, hasta llegar a los 106 alumnos", refiere José Luis del Río, gerente de la fundación diocesana. No obstante, aún quedan puestos libres -hasta los 150- para admitir a más escolares, lo que permite que siga ofreciendo este servicio a las familias del Polígono Sur, ya que en caso de que la demanda superase la oferta, la prioridad la tendrían los niños del barrio donde se encuentra el colegio. 

Una definición "errónea"

Los tres directores coinciden en señalar que ley Celaá se fundamenta en una definición "errónea" de la enseñanza concertada, al considerarla "subsidiaria" de la educación pública, cuando ambas redes han sido durante décadas "complementarias". "Esto supone que no se tendrá en cuenta la demanda social a la hora de concertar unidades, por lo que la ley no garantiza el derecho a la libre elección de los padres", advierte José Luis del Río. 

Una reforma educativa que supone una auténtica amenaza para centros diferenciados, como el Altair. Su director asegura que la ley "ignora" las sentencias recientes del Tribunal Constitucional (TC), que, según Guerrero, establecen que este modelo "no debe ser discriminado de la financiación pública". "Seguiremos luchando por defender nuestro modelo educativo y recurriremos a los tribunales de Justicia ante este atropello que, a sabiendas de su inconstitucionalidad, quieren cometer con la implantación de esta ley", avisa Guerrero, quien recuerda los bajos índices de fracaso escolar que registra el Altair en una zona con tantas dificultades económicas y sociales.

Una de las FP que se imparten en el Altair

La ley señala explícitamente la prohibición de que los colegios concertados, al ofertar plazas públicas, obtengan otra vía de financiación a través de las conocidas como cuotas familiares. El director del Pontífice Pablo VI aclara, al respecto, que la concertación le supone a la administración "un 50% menos de coste" que los gastos que acarrea un colegio público. "Partimos de la premisa de que la Consejería de Educación no tiene que construir edificios, ni comprar el solar, y por lo tanto está exenta de pagar su construcción y la amortización", señala Juan Carlos Domínguez, quien califica de "deficitaria" la financiación que reciben los centros concertados, pues no cubre todos los gastos del servicio educativo que prestan.

"A la administración sólo le interesa que justifiquemos el dinero que nos envía trimestralmente, si no es suficiente, eso es problema del colegio, que lo resuelva como pueda", lamenta Domínguez, quien detalla que "cada concertado tiene sus fórmulas para subsistir ante el problema de una subvención insuficiente". "Lo único que podemos hacer es ofrecer servicios o actividades voluntarias fuera del horario escolar, prestados por otras entidades, para que las familias participen y dejen a sus hijos, sabiendo que, además del servicio o formación de los menores, contribuyen al mantenimiento del centro escolar", aclara el director del Pontífice Pablo VI.

Ayudas voluntarias

En el Altair, estas ayudas, en todo momento voluntarias, se canalizan a través de una fundación que contribuye al sostenimiento económico del centro, ya que la financiación pública "no es suficiente", como afirma su director. En los colegios diocesanos se expone a las familias la realidad económica de los colegios y se les pide una contribución, que no es obligatoria. "Algunos padres contribuyen puntualmente, otros lo hacen de forma continuada y otros nunca, pues sus circunstancias no se lo permiten", aclara José Luis del Río, quien puntualiza que en el caso del Corpus Christi, debido a que gran parte del alumnado procede del Polígono Sur, estas cuotas no existen, pues las familias no pueden contribuir con dinero.

"No contamos con una partida de los presupuestos del Arzobispado cada año, como muchos creen", asevera el director de la fundación diocesana que representa a estos centros, quien añade que "sólo recibimos de Palacio alguna ayuda puntual. En caso de que tengamos que hacer obras en un colegio, acudimos a los escasos recursos que poseemos y si tuviéramos que recurrir a una operación financiera para pagarlos, en ese caso el Arzobispado nos avala".