La patronal mayoritaria del taxi, la Unión Sevillana, protestó ayer contra la multa superior a 140.000 euros impuesta por el Consejo de Defensa de la Competencia a las emisoras del taxi y anunció que no la pagarán y que recurrirán la resolución por considerar "mentiras" las infracciones que imputa a las emisoras este tribunal administrativo adscrito a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta.

Los servicios jurídicos de la patronal llevan semanas preparando el recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que prevé la resolución. El gremio dispone de un plazo de dos meses para presentarlo.

En declaraciones a este periódico, el presidente Fernando Morales explicó que no pagarán estas cantidades económicas porque "las dos administraciones hacen dejación de funciones" para redactar la ordenanza municipal y el reglamento andaluz del taxi, y aseguró que por este motivo no esperaban este rapapolvo de la Junta, que lleva seis años de retraso para aprobar un reglamento andaluz del taxi. "La comunidad sanciona pero no tiene narices, por su total ineptitud, de hacer un reglamento andaluz donde vengan recogidas las emisoras y cuando somos los primeros en pedir una regulación desde hace años. Somos los primeros que queremos claridad absoluta y que no haya abuso", declaró Morales, quien recordó que desde 1997 llevan trabajando por el reglamento andaluz del taxi.

Morales agrega que no pagarán la multa porque supondría el cierre de las emisoras y el despido de sus empleados. "Si se lleva a cabo la sanción tendremos que cerrar y apaga y vámonos, y que vayan a la calle todos los trabajadores. Esto es el tribunal de la Santa Inquisición del señor Griñán", protestó el líder de la patronal, quien citó en varias ocasiones de la conversación la sorpresa de los taxistas por esta resolución.

"No sé si aquí hay una mano negra. Esto es un linchamiento al taxi desproporcionado y una barbaridad. Ésta es la Inquisición del siglo XXI del señor Grinán y sus lacayos", afirmó.

Morales recordó que "es el gremio el que pide a voces que las emisoras se recojan en una ordenanza y que se normalice su actividad", como en Barcelona y Madrid, donde los suplementos por recoger al cliente están recogidos por normas, y explicó que desde enero de 2009 están pidiendo al Ayuntamiento que apruebe las nuevas ordenanzas del taxi que tanto necesita el sector y sobre las que han presentado ya, sin éxito, varios borradores al área de Movilidad.

La patronal niega las infracciones que les imputa Competencia a las emisoras. "Se están hablando muchas mentiras. No hay listas negras, no hay lista de morosos y no hay boicot a los hoteles. Sí ocurre que algunos empleados de hoteles fomentan el intrusismo y el pirateo de los taxis Mercedes, que no cobran las tarifas oficiales ni dan prioridad a los taxis que están en las paradas, y todo porque les dan comisiones", explicó Morales.

En opinión del gremio, Competencia no ha tenido en cuenta la cantidad de alegaciones presentadas por las tres emisoras ni ha llamado a los afectados. En el informe de la resolución, sin embargo, se deja claro la solidez de las pruebas y documentos que sirven de base para la resolución.

Sobre la emisora pública del taxi que aprobó crear el Ayuntamiento en 2005, la patronal se muestra "encantada" de su creación siempre que primero se regule por norma a las emisoras del taxi, y vaticina que no se creará al final porque "el Ayuntamiento pegará la espantá".