La compañía Bird de alquiler de patinetes eléctricos, que opera en Madrid y Málaga, comenzó a funcionar este lunes en la capital andaluza, aunque por ahora este transporte está limitado a acuerdos con entidades que no han trascendido.

Es la segunda empresa, después de Lime, que se implanta en la ciudad a pesar de que aún no ha entrado en vigor la normativa municipal que debe regular adecuadamente la circulación de estos vehículos de movilidad personal (vmp).

A la espera de que se apruebe definitivamente el cambio de la ordenanza municipal de circulación que permitirá regular estos vehículos en Sevilla, las dos empresas han hecho acuerdos con entidades privadas para operar en la ciudad. Lime ha recurrido a hoteles, por ejemplo, y Bird no ha desvelado por ahora el detalle de sus acuerdos.

Bird inició conversaciones con el Parque Científico y Tecnológico (PCT) Cartuja de Sevilla en esta dirección, pero las negociaciones no han prosperado, según aclaró ayer a este periódico Luis Pérez, director general del PCT Cartuja. La compañía Bird también lo confirmó.

La compañía de movilidad ha estrenado en Sevilla el modelo de patinete Bird One, del que asegura que es más nuevo y duradero a escala global.

Para evitar que los patinetes queden aparcados en la vía pública, una práctica que el Ayuntamiento sanciona con multas desde el pasado 19 de agosto, Bird asegura que cuenta con una serie de medidas para asegurar que se opera de forma responsable y sostenible en las ciudades a las que llega.

Para lograr este fin, la empresa afirma que aumenta su servicio de una forma inteligente, añadiendo más patinetes a la flota solo en aquellos casos donde hay demanda de los mismos. Bird también cuenta con un equipo local en Sevilla que incluye a personas sobre el terreno cuyo cometido es asegurarse de que se circula y se aparcan sus patinetes de forma correcta durante el día.

El Ayuntamiento no da fecha de la entrada en vigor de la norma de patinetes eléctricos. El texto está en fase de respuesta a las alegaciones y cuando se respondan se aprobará definitivamente en el pleno. En realidad el Ayuntamiento aguarda la normativa estatal de la DGT, paralizada también por falta de Gobierno.