Podemos pide al alcalde que someta la Ordenanza de Veladores a un nuevo proceso de información pública para garantizar su legalidad
La concejala Susana Hornillo ha mantenido una reunión con representantes de asociaciones vecinales que advierten de incompatibilidades entre la norma municipal y otras de superior rango
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La concejala de Podemos en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, ha solicitado al alcalde José Luis Sanz que someta la ordenanza de veladores a un nuevo proceso de información pública toda vez que el texto inicial propuesto por el Gobierno municipal ha sufrido modificaciones estructurales como resultado de las alegaciones incorporadas.Hornillo ha mantenido una reunión con representantes de diversas asociaciones sevillanas que advierten que el proyecto normativo incurre en incoherencias con legislación de rango superior a nivel autonómico y europeo.
Según han expuesto los colectivos vecinales la falta de garantías jurídicas que presenta la ordenanza es "preocupante", especialmente en lo que respecta a la posibilidad de reducir los espacios de tránsito para peatones a favor de las terrazas por debajo de 1,80 metros así como en lo referente a los motivos de oportunidad que se utilizan como excusa para justificar algunas excepciones. En opinión de los vecinos, este tipo de justificaciones son jurídicamente inválidas y podrían derivar en procesos de prevaricación. Asimismo, han señalado que la propuesta del PP ignora la ley autonómica que regula el consumo de bebidas en la vía pública, lo que podría generar un caos jurídico.
En este sentido, Hornillo ha exigido al equipo de José Luis Sanz que se realice una revisión exhaustiva de la ordenanza atendiendo a estas cuestiones legales y que se someta nuevamente a consulta pública para garantizar su viabilidad y la seguridad jurídica para ciudadanía y el sector hostelero. “Lo mínimo que debe hacer el Gobierno es garantizar que cualquier norma que se somete a votación en el Pleno respeta escrupulosamente con las leyes y marcos de referencia existentes”, ha manifestado la concejala, que considera que “las prisas innecesarias nos pueden jugar una mala pasada cuando la entrada en vigor de la norma no será hasta 2028”.
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