Seis policías denuncian a su jefe por falso testimonio

Seis policías nacionales han presentado una querella por falso testimonio contra un inspector jefe de la comisaría del distrito Macarena. Los agentes denunciantes llevan dos años y medio suspendidos de empleo y sueldo a la espera de que se resuelva su situación judicial. Se encuentran imputados por varios delitos después de que realizaran una intervención en una tienda de alimentación de la Ronda de Pío XII, regentada por una pareja rumana, en la que se vendía tabaco de contrabando. Los encargados del negocio acusaron a los agentes de apropiarse de 17.000 euros y tabaco, algo que los policías niegan.

La principal prueba de cargo es el vídeo de las cámaras de videovigilancia del local, que los denunciantes presentaron al juzgado editado y manipulado. Los imputados piden que se pueda ver el vídeo entero, pero los informáticos de la Policía y la Guardia Civil no han sido capaces de extraer la grabación original en todo este periodo. El registro del local se produjo el 19 de mayo de 2015 y los policías fueron suspendidos en agosto de ese año. Desde entonces, la Dirección General de la Policía les impide trabajar, lo que les ha llevado a tener que vender propiedades y pedir créditos y ayuda económica a sus familiares. La investigación de este asunto sigue completamente estancada en el juzgado de Instrucción número 1 de Sevilla.

Mientras tanto, los policías han decidido dar el paso de denunciar a su inspector jefe, al entender que mintió en la declaración que prestó como testigo ante este juzgado el 14 de enero de 2016. En esta comparecencia, el inspector jefe aseguró que los policías registraron la tienda de alimentación de la Ronda de Pío XII por iniciativa propia. Los agentes imputados, sin embargo, aportan en su denuncia un correo electrónico reenviado por la unidad de Participación Ciudadana de la Jefatura Superior, en el que se detallaban una serie de locales del distrito Macarena en los que supuestamente se estaba vendiendo tabaco de contrabando. La unidad de Participación Ciudadana había recibido una serie de quejas de los estanqueros, que alertan frecuentemente a la Policía de los lugares en los que ellos tienen conocimiento de que existe venta clandestina de cigarrillos y paquetes de tabaco. La tienda de la Ronda de Pío XII, llamada Alimentación Dani, era el primero de los locales indicados en aquel correo electrónico.

"En dicho documento, que venía de la Jefatura Superior de Andalucía Occidental, se acredita que fue él quien dio las órdenes", dicen los denunciantes en su querella. Igualmente, los agentes sostienen que el inspector jefe "se inventa" que dos de los suspendidos patrullaron juntos en varias ocasiones, "cuando realmente fue una sola vez". También aseguran que el mando "renegó de la presencia del único jefe al que dio la orden del operativo", que era el jefe de Seguridad Ciudadana de la comisaría del distrito Macarena. El inspector jefe aseguró que no había dado ninguna orden a este otro mando y que incluso no sabía si pertenecía a esa comisaría. Los policías imputados consideran que el testimonio de este inspector jefe les perjudica enormemente en una investigación en la que la principal prueba de cargo es el vídeo de las cámaras de seguridad del local.

En relación a esta prueba, la juez de Instrucción 1 de Sevilla, Elvira Alberola, emitió el pasado 25 de enero una providencia en la que instaba a la acusación particular, que ejerce la pareja rumana, a que aportara la grabación original. La juez apuntaba que "los ficheros contenidos en el pen drive" que entregó la pareja "no proceden del videograbador recibido sino de otro distinto". La instructora daba tres días de plazo a la acusación para que aclarara esta duplicidad de vídeos. El abogado de los dueños de la tienda respondió asegurando que sólo hay una grabación y que para ver el contenido de las imágenes "sería tan fácil como insertar el disco duro en la videograbadora". Es decir, 32 meses después de los hechos, la juez tiene en su poder un vídeo que no es el original y ni los informáticos de la Policía ni los de la Guardia Civil son capaces de extraer la grabación original y sin cortes.

La situación de los agentes suspendidos es de extrema necesidad. Han solicitado en numerosas ocasiones que se les permita volver a trabajar, aunque sea en un punto fijo alejado del distrito Macarena, pero de momento se les ha negado siempre esta posibilidad. Cuando los abogados piden a la Dirección General que los reincorporen, contestan que no lo pueden hacer mientras tengan en vigor una orden de alejamiento de la pareja denunciante. Solicitan a la juez que levante esta medida cautelar tras más de dos años sin que haya habido ningún acercamiento, y ésta responde que éste no es ningún motivo para no poder trabajar, cuando al principio de la instrucción fue la propia magistrada la que pidió la suspensión de los agentes. Todo apunta a que la fase de instrucción será prorrogada otros nueve meses, con lo que se superarán ya los tres años. Los imputados están estudiando manifestarse o iniciar alguna medida de presión.