Dos policías locales de Sevilla denuncian a su jefe por un presunto acoso laboral

Dos policías locales de Sevilla han denunciado a un superior por un presunto acoso laboral. Aunque los hechos ocurrieron hace varios años, el caso no ha llegado hasta ahora a un juzgado de lo Social después de que distintos órganos judiciales tuvieran dudas sobre cuáel era competente para investigarlo, una cuestión que ha tenido que ser resuelta por el Tribunal Supremo. Los denunciantes son una pareja de motoristas de la Policía Local, adscrita a la Unidad de Tráfico-Motoristas del cuerpo, y el denunciado es un oficial de este mismo departamento. Los agentes llevaron el caso a los juzgados después de presentar una primera denuncia ante la Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento, que archivó el expediente. Una de los denunciantes llegó a sufrir un sabotaje en su motocicleta de trabajo.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, los dos motoristas aseguran que tuvieron conocimiento de que el oficial denunciado plasmó por escrito en unos informes dirigidos a la superioridad, que "rehuían de los servicios más penosos" o "llegaban minutos más tarde" al cumplimiento de las tareas que les asignaban tanto el centro de control como el propio oficial. Para los dos agentes, "dicha apreciaciación no deja de ser subjetiva y está supeditada a la propia opinión personal del oficial", que consideraba que los servicios de tráfico eran supuestamente los más penosos. Para los denunciantes, esta afirmación "choca con la realidad", pues el trabajo de regulación de tráfico es precisamente uno de los cometidos que a diario realiza la unidad de Tráfico-Motoristas, en la que ambos ingresaron de forma voluntaria veinte años atrás.

Ambos exponen que un agente que está en la sala de control los llamaba para asignarles servicios "sin preguntar de forma habitual si se encontraban libres u ocupados, como se suele hacer con otros agentes, sino que da por sentado que van a estar siempre libres para atender su llamada". Aseguran que, incluso teniendo orden expresa de la superioridad de no asignarles ningún servicio por estar estos agentes ocupados con otros trabajos, "ha llegado a hacer caso omiso, desobedeciendo órdenes recibidas y les ha asignado algún cometido".

Igualmente, los dos motoristas denuncian que el oficial mantiene, "de forma sutil, reiterada y continua en el tiempo, un trato distante, frío y despreocupado hacia ellos, llegando a desvalorizar el trabajo que realizan estos agentes con su actitud, con gestos, comentarios y expresiones". Prueba de ello, los policías aportan una serie de hechos concretos.

El primero de ellos ocurrió el 29 de mayo de 2019, cuando la agente denunciante resultó herida en la espalda durante unas jornadas de formación para el uso de las pistolas eléctricas Taser, celebradas en la Jefatura de la Policía Local. Para no tener que ausentarse de su trabajo, la funcionaria solicitó prestar su servicio ordinario en un patrullero en lugar de la motocicleta, una petición que fue autorizada por un intendente mayor. Sin embargo, al llegar al cruce de la avenida de la Paz con la carretera de Su Eminencia y encontrarse con el oficial, éste les preguntó a los dos agentes por qué iban en coche. "Si no te encuentras operativa al 100%, lo que tienes que hacer es darte de baja, porque eres motorista y tienes que ir en moto", fue el comentario que hizo el oficial tras conocer la respuesta de la agente.

Los denunciantes añaden que el mando continuó "desconfiando y poniendo en duda" todo lo que los dos motoristas le estaban contando, llegando al extremo de tener que mostrarle la grabación en vídeo de la prueba del disparo de la pistola eléctrica a la que la funcionaria se había sometido el día anterior. Los policías aseguran que no entienden este comportamiento, pues en la unidad es habitual que se autorice el cambio de la moto al coche si existe un motivo justificado.

En julio de 2019, el oficial preguntó por la emisora "en abierto" el motivo por el que el intendente mayor los había llamado a su despacho, lo que los denunciantes califican de un "comportamiento indiscreto", por el que luego el oficial tuvo que pedirles disculpas.

El 17 de octubre de ese año, los agentes tenían encomendado un servicio que consistía en acompañar al personal técnido de la delegación de Movilidad. El oficial los llamó para que acudieran a la avenida de la Paz porque se habían averiado los semáforos y era necesario regular el tráfico. Tenían que revelar al propio oficial y su compañero. Los agentes le hicieron saber que tardarían un poco en llegar porque estaban en el centro, en la calle Pascual de Gayangos. Al llegar, les recriminó que hubieran tardado y les recordó que tenían que hacer el solape de turnos y para ello tenían que haber hecho antes la pausa del almuerzo, a pesar de que los agentes no habían llevado a cabo tal descanso. Ese control o seguimiento de los tiempos, aseguran, no se aplica a otros agentes de la unidad.

La denuncia destaca que los dos policías tenían asignados el turno de conciliación familiar desde el año 2012 y en ningún momento se les ha impuesto como condición horario alguno para realizar su tiempo de descanso, ni que ineludiblemente tengan que estar disponibles para cubrir el solape de turnos.

El 5 de noviembre de 2021, estaban realizando un acompañamiento de un transporte especial para una obra que se estaba realizando en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, un servicio que se extendió en el tiempo e hizo que los agentes prolongaran su jornada de trabajo. Una vez finalizado, el oficial los mandó a trabajar en la salida extraordinaria del Gran Poder. Luego se negó a firmarles el parte en el que se recogía el exceso de horas, algo que tuvo que hacer cuando los dos agentes le instaron a que verificara con otro oficial cuál había sido su jornada aquel día.

Los denunciantes creen que el origen de este comportamiento del denunciado hacia ellos viene por una incidencia ocurrida en 2014 entre estos dos policías y el hermano del oficial, que es también policía local. El hermano le dio el teléfono de la agente denunciante a una amiga suya, vecina de Camas, que quería pedirle un favor relacionado con un trabajo realizado por esta policía.

Los dos motoristas aseguran que "se les cuestiona de forma constante, poniendo en duda su trabajo y profesionalidad, desembocando todo ello en un sentimiento de decepción, desilusión y desmotivación profesional", lo que les genera "gran estrés y presión, al sentirse controlados y frustrados por la situación". Insisten en que se sienten "perseguidos" y que el oficial trata continuamente de "sorprenderlos en la comisión de algún posible error". Por ello, dicen que están siempre justificando sus tareas tomando fotos o anotaciones de todo lo que hacen. Una de las prácticas que denuncian es que el oficial les asigna servicios distintos a los que están desempeñando, teniendo ellos que decidir si se marchan sin haber finalizado el trabajo o lo terminan a toda prisa para acudir al siguiente, "ya con el consiguiente retraso".

La agente denunciante sufrió un sabotaje en su motocicleta el 1 de junio de 2020. El vehículo tuvo que ser limpiado y revisado al completo, "para mayor seguridad y tranquilidad", por el servicio de mantenimiento de la Policía Local, antes de volver a ser utilizada. También aseguran que tienen que soportar comentarios despectivos, mofas y críticas por parte de este mando, con frases como "lo que deben hacer, antes que nada, es aprender a denunciar". Igualmente, tienen conocimiento de que un inspector, en una charla con el oficial, dijo de ellos "estos dos son unos hijos de puta" y "ella es más que el marido".

Este mismo inspector protagonizó un episodio cuando menos llamativo en mayo de 2021, después de que la pareja de motoristas denunciaran a una empresa de alquiler de vehículos por falsedad documental. En el juicio, el inspector apareció junto con otro policía local acompañando al personal de la empresa, que fue condenada. "Ambos estuvieron siguiendo con la mirada a los dos actuantes, de forma desafiante, intimidatoria y provocadora, hasta que se marcharon del lugar en sus motocicletas oficiales del servicio".

La pareja de motoristas ha puesto en conocimiento de la Jefatura varias incidencias ocurridas con el citado inspector "por la fiscalización y paralización del trámite de denuncias de tráfico a empresas concretas". El mando le pidió a un policía un "boletín en concreto" en el que se denunciaba a una empresa de pescados y mariscos, asegurando que había recibido una llamada de esta compañía pidiéndole que "se le devolviera físicamente el boletín de denuncia al agente actuante, porque según su criterio no procedía dicha denuncia". Los denunciantes han tenido que realizar en varias ocasiones sendos informes para que se diera curso a dichas denuncias, "insistiendo en que, sin lugar a dudas, eran procedentes, al ajustarse perfectamente conforme a norma y derecho, e informado de las consecuencias penales en las que se podría incurrir si no se tramitaran los boletines en tiempo y forma".

Los policías sostienen que estos incidentes vienen ocurriendo desde años atrás, y que un intendente mayor tuvo que emitir una serie de órdenes para que se tramitaran las denuncias, "marcando una cadena de custodia de las mismas". El Ayuntamiento archivó la denuncia interna, y los policías lo llevaron a los tribunales, pero lo hicieron ante un contencioso. Éste órgano se declaró no competente para resolver esta cuestión. Finalmente el Supremo ha considerado que debe ser un juzgado de lo Social quien investigue los hechos.