En la última Junta de Accionistas del Sevilla FC se conoció, ante la sorpresa de muchos (la inmensa mayoría) de los asistentes, que la entidad ha vendido el 10% de los ingresos por derechos de televisión de los próximos 50 años al fondo financiero CVC, el grupo al que LaLiga ha recurrido para dotar a los clubes de músculo económico para mejorar las infraestructuras de sus instalaciones.

Ello levantó no poca polémica entre los accionistas, por cuanto, en principio, según la ley de sociedades mercantiles, el consejo no estaría legitimado para hipotecar lo que se considera parte de los principales activos financieros de la sociedad, la fuente más importante de ingresos como son los derechos televisivos (junto a los ingresos por competición), sino que sólo la Junta de Accionistas puede tomar tal decisión.

Este mecanismo financiero es lo que otros clubes como el Barcelona han utilizado como las llamadas “palancas económicas” a las que Joan Laporta ha recurrido para emplear el dinero ingresado en fichajes el pasado verano, entre ellos Jules Koundé, aunque el club azulgrana ha recurrido a otros compradores y no a este fondo.

Ahora, existe el rumor de que este grupo, que cuenta con un capital de muchísimos millones de euros, está interesado en introducirse en clubes y querría comprar el Sevilla. Medios de Cataluña como Mundo Deportivo deslizaban la semana pasada que CVC se había planteado seriamente entrar de lleno en el accionariado del Sevilla, pero que finalmente había desestimado esta opción en vista de lo reñido que está el patio en el capital social, con continuas luchas en los juzgados entre los dos bandos accionariales. De cualquier forma, diversos grupos consultados por este periódico aseguran que no han tenido conocimiento de esta intención por parte del fondo CVC, y que si éste ha estudiado la opción de comprar paquetes en el Sevilla, no se ha dirigido a ellos o no ha terminado de dar el paso. De hecho, la información que recoge MD relata que los responsables de este fondo estudiaron la situación y estimaron que no es momento adecuado porque la transición, por la guerra civil que preside el club institucionalmente hablando, no sería tranquila. Otra cuestión es que lo intente más adelante, ya que consideran que es el club idóneo para intentar la entrada en el fútbol español a nivel de la compra de un proyecto. Además, no sería viable ahora mismo al entrar en conflicto de intereses con el acuerdo vigente firmado con los clubes que forman LaLiga.

Tras llegar a un acuerdo con Javier Tebas, el fondo CVC, presidido por el empresario español Javier de Jaime (quien iba a ser nombrado presidente del club en caso de que se hubiera hecho efectivo el desembarco), inyectó cerca de 2.000 millones de euros a los clubes profesionales a través del programa LaLiga Impulso, aunque estos fondos los clubes están obligados a destinarlos a infraestructuras en su mayoría (un 75% tanto en instalaciones como en tecnología), un 15% para deuda financiera y sólo el 15% restante para inversión en plantilla de jugadores.

A este acuerdo se adherieron 39 de los 42 clubes de Primera y Segunda y habría reportado al Sevilla unos 140 millones de euros a cambio, eso sí, de hipotecar los ingresos por derechos televisivos de los próximos 50 años en un 10%.

El fondo, según medios catalanes, se había planteado comprar los paquetes mayoritarios

Esto, debido a que son decisiones que afectan al futuro de la entidad, no debería haberla tomado el consejo sin consultar a la Junta de Accionistas y es uno de los temas que están estudiando los abogados, por ejemplo, de Del Nido Benavente. Los actuales gestores defienden que sí está legitimado el consejo al no contravenir los estatutos, aunque sí entra en conflicto con lo que serían las prácticas de buen gobierno. Muchos accionistas en la Junta se posicionaron en contra de esta actuación del comité ejecutivo a la que, según explican, no han tenido conocimiento ni el resto de consejeros.

Es otro de los asuntos para lo que el comité ejecutivo tiene facultades legales, ya que desde hace unos años se viene haciendo, pues la Junta aprobó años atrás la obtención de poderes de esta comisión ejecutiva para tomar decisiones trascendentes sin que tuviesen que ser aprobadas por el consejo.