Una de las novedades que introdujo la nueva ley educativa (Lomloe) es la figura del coordinador de bienestar y protector del alumnado con la que han de contar todos los colegios. Se trata de una nueva función que también establece la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (Lopivi). Debe estar disponible en todos los centros educativos donde cursen estudios menores de edad. La persona que ejerce tal competencia actuará siempre bajo la supervisión del director o titular del centro.
¿Cuál es su función? El coordinador de bienestar y protector del alumnado deberá, entre otras obligaciones, intervenir en aquellos casos en los que se constate un uso ilícito de información personal de los menores de edad, incluidos vídeos y fotos de estos. Ante tal situación, promoverá la comunicación inmediata del centro educativo a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
Debe recordarse que esta agencia dispone de un canal prioritario para alertar de publicaciones no autorizadas en internet de contenido sexual o violento -ya sean fotografías, vídeos, audios o información que identifique a las personas- y solicitar su retirada de forma urgente.
Esta nueva figura surge como respuesta, entre otros problemas que ponen en riesgo la convivencia en la comunidad escolar, al acoso escolar y muy especialmente al ciberbullying que sufren muchos menores fuera del aula y las 24 horas del día. Una situación límite que ha terminado -ejemplos recientes hay- en el suicidio de los alumnos y que escapa del control habitual de docentes, tutores y equipos directivos de los centros. Se plantea como una medida innovadora con una función específica: acompañar las trayectorias formativas del estudiantado más vulnerable de una zona o centro.
El coordinador de bienestar es obligatorio en todos los colegios, ya sean públicos, concertados y privados. Además de la formación ofrecida por la Delegación territorial de Desarrollo Educativo y FP, algunas empresas especializadas en la gestión y protección de datos personales han colaborado en el asesoramiento a los centros de enseñanza.
El certificado electrónico
Los centros educativos, en estas situaciones, pueden denunciar tales publicaciones haciendo uso de un certificado electrónico de representante de persona jurídica. En caso de que la AEPD confirme que se han difundido datos personales sin autorización, iniciará distintas actuaciones para determinar una posible responsabilidad administrativa en materia de protección de datos e imponer una sanción económica.
El coordinador de bienestar ha de aportar a la AEPD una información muy detallada que aclare las circunstancias en las que se ha producido la publicación de los contenidos que afectan a menores matriculados en un colegio o instituto. Se ha de identificar al alumno del que se han vulnerado sus datos, el contenido del que se solicita la retirada (si es fotografía, vídeo, audio u otro soporte), el posible perfil en red social que lo ha difundido y las distintas direcciones de las webs de acceso.
También se ha dejar constancia en la solicitud si se ha denunciado la publicación ante la Policía, la Guardia Civil o la Fiscalía, acompañando en ese caso un ejemplar de la denuncia. De igual modo, se especificará si al autor de la difusión de los datos se le ha pedido previamente la retirada de las redes sociales. Se debe incluir una copia de la reclamación y la respuesta obtenida.
Programa de Bienestar Emocional
La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional publicó este verano la Resolución por la que establece la organización y el funcionamiento del Programa de Bienestar Emocional para el curso 2023/24, tras el balance positivo del curso anterior, en el que se llevaron a cabo unas 300 actuaciones de intervención individual con alumnado para la sensibilización sobre la importancia de la salud mental, además de la organización de jornadas provinciales dirigidas a la figura de coordinación de bienestar y protección.
A través de este Programa, la Consejería establece 23 plazas de profesorado de Enseñanza Secundaria en la especialidad de Orientación Educativa, que desarrollarán sus funciones en colaboración con los profesionales de los Servicios de Orientación Educativa. El Programa está destinado a centros docentes sostenidos con fondos públicos que escolaricen alumnado en el último ciclo de la etapa de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional de Grado Básico y Grado Medio.
Aunque los destinatarios últimos son el alumnado, impactará además en sus familias, equipos directivos y profesorado, y también se dirige al personal de los Equipos de Orientación Educativa y a los Servicios Provinciales de Inspección educativa.
