La defensa de Cándido Conde-Pumpido Varela,mhijo del presidente del Tribunal Constitucional, está ultimando una querella por denuncia falsa contra la mujer que ha denunciado al abogado penalista por presunta agresión sexual. Los hechos se produjeron, supuestamente, el pasado viernes, 3 de noviembre, en el domicilio del letrado, en Madrid.

Las denuncias falsas se regulan en el artículo 456 del Código penal y conllevan penas de prisión que pueden ir desde los seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses si se imputara un delito grave, como es el caso.

Tanto el acusado de haber cometido las agresiones como su abogado, Ricardo Álvarez-Ossorio han recalcado a los medios de comunicación la importancia que están teniendo las grabaciones de las cámaras de seguridad de la vivienda con las que, supuestamente, ha quedado demostrada la inocencia del penalista. De hecho, la juez que instruye el caso lo ha dejado en libertad y no ha interpuesto ninguna medida cautelar.

En todo caso, la Fiscalía no solicitó la prisión y se limitó a pedir una medida de alejamiento de la mujer que tampoco se adoptó por la juez María Isabel Durántez, en funciones de guardia en el Juzgado de Instrucción número 44 de Madrid.

Según el letrado, de su denuncia por acusación falsa debería derivarse una "sentencia que tiene ser ejemplificante" para que la gente "que no tiene cámaras en su casa" no se encuentre en una situación similar. 

Según detallaba la magistrada en su auto de puesta en libertad, en las imágenes aportadas se ven distintas dependencias del domicilio a lo largo de toda la madrugada y primeras horas de la mañana y no aparece "ninguna situación similar a la descrita" por la mujer denunciante. En ocasiones se la ve en compañía del abogado y en otros momentos aparece sola, pero moviéndose con libertad por el inmueble, "sin que pueda adivinarse ninguna situación coincidente con el relato de hechos por ella mantenido", precisaba la jueza.

A preguntas de El Periódico de España, la defensa ha señalado que desconoce los motivos por los que la mujer realizaría una denuncia falsa, siempre según su versión. En su explicación para presentar la querella se han dirigido a ella con desprecio, cuestionando si es una “loca latina”.

A partir de este momento, la instrucción del asunto corresponderá al Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid cuyo titular, Antonio Serrano-Arnal, fue el que investigó el patrimonio oculto del exministro popular Rodrigo. El magistrado será el encargado de practicar nuevas diligencias y decidir sobre el archivo o no de las actuaciones.