El 8 de agosto de 2018 Romina, a punto de casarse con Raúl, acudió a la comisaria de la Policía Nacional para ponerle una denuncia por malos tratos. Ella tenía entonces 29 años. Dos días mas tarde contrajeron matrimonio y estuvieron viviendo juntos hasta que el 29 de diciembre tuvo que acudir al Hospital Insular de Lanzarote, pero no pudo ser atendida porque Raúl se la llevó. No se activó, entonces, ningún protocolo de malos tratos.

Los hechos 

El 1 de enero de 2019 Raúl la descuartizó, la quemó, metió los restos de su cuerpo en bolsas y las arrojó al mar. De ella solo se encontró un pulmón. 

El día 7 de enero la familia de Romina, desde Paraguay, se puso en contacto con su pareja porque hacía tiempo que no sabían nada de ella y estaban preocupados. Le pidieron que acudiera a la Guardia Civil a denunciar su desaparición y entonces los agentes encontraron suficientes indicios que lo podrían relacionar con la desaparición de la chica.

Por eso el 13 de enero Raúl Díaz fue detenido. Confesó casi de inmediato que había descuartizado a su mujer, que la había quemado en la barbacoa de su casa y que luego se había deshecho del cuerpo. Después se marchó a un club de alterne. Mientras que la quemaba, algunos vecinos le preguntaron si todo iba bien, por el fuerte olor a quemado y las llamas de fuego, pero éste contestó que estaba haciendo una barbacoa, como si no pasara nada.

El detenido contó que a pesar de eso, él no había matado a Romina, que se la había encontrado muerta en la casa de ambos, quizás por una sobredosis.

Según su versión de los hechos, ambos habían estado consumiendo estupefacientes en la noche de Fin de Año. Tuvieron una discusión que provocó que él se fuera de la casa durante un rato. Cuando volvió Romina ya estaba muerta. Él se asustó y decidió acabar con todo como lo hizo.

Cuando Raúl acudió al cuartel a denunciar la desaparición de su pareja los agentes decidieron intervenirle el teléfono. El día 13 de enero éste tuvo una conversación con un amigo en el que le contaba lo que había hecho, manteniendo en todo momento que él no había matado a Romina.

A la conversación telefónica tuvo entonces acceso el programa Espejo Público y en ella decía que “el día 2 por la tarde alquilo un coche y el día 3 por la noche tiro una parte todo en bolsas de lo que estaba prácticamente quemado en una zona de la isla en el mar, lo que podía tirar por peso”. Esta fue la prueba que permitió su detención.

Dado que no encontraron casi nada de su cuerpo solo pudieron corroborar que los restos hallados eran los de ellas pero nunca se pudo esclarecer la causa de la muerte. Raúl pasó a disposición judicial e ingresó en prisión de manera preventiva.

La Fiscalía pedía una condena de 20 años y dos meses de cárcel por maltratar y matar en Lanzarote a su mujer, cuyo cuerpo desmembró y quemó para arrojarlo al mar. Se le imputaban así seis delitos. 

El acusado, Raul D.C., además, hizo creer a los amigos y familiares que su mujer, Romina Celeste R.N, se había marchado de casa tras una discusión y denunció su desaparición a la Guardia Civil, señala el escrito, en el que se afirma que consideraba a su esposa como “un ser inferior” en el que podía desatar su rabia y “ello por ser joven, extranjera y sin recursos que ejercía la prostitución para mantenerse económicamente”.

En el informe de la Fiscalía se detalló que el acusado propinó golpes a la víctima en agosto de 2018 cuando estaban alojados en un hotel y en días previos a su muerte, en el domicilio familiar, y por los que tuvo que acudir a urgencias del hospital de la isla.

A pesar de todo esto, nunca se pudo celebrar un juicio contra él por ausencia de pruebas, por eso el 12 de enero de 2023 la Audiencia Provincial de Las Palmas decretó la libertad sin fianza del acusado.

Díaz deberá comparecer, no obstante, todos los lunes en sede judicial, deberá designar domicilio en España y está obligado a notificar cuantos cambios de residencia realice. Además, se le prohíbe salir del territorio nacional, se le retira el pasaporte y se prohíbe la expedición de uno nuevo, según señala el auto de la Audiencia. 

Desde el Instituto Canario de Igualdad (ICI) esperan que se siga con el procedimiento y reclaman una pena de 30 años de prisión para Raúl así como una indemnización de 350.000 euros a la familia de la víctima.